Los independentistas catalanes han encontrado en lo del espionaje de sus comunicaciones con el programa Pegasus una vía para salir del olvido al que les había condenado la guerra de Ucrania. Olvido al que se asía como a un clavo ardiendo el Gobierno de Pedro Sánchez para desintoxicarse de la murga diaria a la que le someten sus exigentes socios de gobierno.
Lo cierto es que, a pesar de fingir indignación, los partidos catalanistas y sus socios “progres” de Podemos, no tienen motivos reales para culpar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -si es que fueron ellos- de hacer el trabajo por el que les pagamos.
Que el president Pere Aragonès se pasee por todos los medios de comunicación rasgándose las vestiduras por la violación de sus derechos y de los de otros cargos electos, puede servir para volver a reclamar la atención de todas aquellas cámaras y micros que les han ignorado desde que Volódimir Zelenski se convirtió en la estrella del momento, pero no obvia un hecho objetivo: los espías españoles solo hicieron lo que su nombre dice, espiar a los autores de cualquier amenaza que afecte a la seguridad nacional.
Realizar un referéndum ilegal y reincidir luego desde instituciones públicas en su intención de escindir parte del territorio nacional violando el orden constitucional es más que una amenaza a la seguridad nacional y a la integridad territorial, por lo que parece coherente, cuando no necesario, que el aparato de inteligencia público espíe todo lo que haga falta para protegernos de aquellos que intentan destruir el ordenamiento legal establecido.
De hecho, con esas mismas premisas, deberían haber extendido enormemente sus actuaciones, incluyendo los teléfonos del presidente del Gobierno, sin cuyo visto bueno no se habría producido esa amenaza a la integridad territorial.
Nadie pide comisiones en el Congreso cuando el CNI espía a posibles células yihadistas, ni lo hicieron cuando los servicios de inteligencia se aplicaban para descubrir a etarras o a cualquier otro que amenazara a nuestro país. No tiene sentido indignarse cuando lo hacen ante unos políticos que desafían abiertamente la legalidad y promueven pública y reiteradamente una secesión porque a ellos les da la gana.
El que sean cargos electos solo agrava la peligrosidad de esos sujetos. Resultar electo no exime del imperio de la ley, por el contrario, obliga más que al ciudadano corriente.
Hay un sistema legal al que todos estamos sometidos por voluntad mayoritaria y ese sistema dice que, si no te gusta la ley, existe un procedimiento legal para cambiarla. Lo que no es de recibo es saltarte esa misma ley en la parte que no te interesa para luego utilizar la parte que sí te interesa para exigir responsabilidades.
Los dirigentes independentistas catalanes, como han demostrado reiteradamente, son una amenaza para la seguridad e integridad del Estado y es obligación de los servicios de inteligencia vigilar esa amenaza tanto como cualquier otra.
Es sorpredente que, tras las meteduras de pata en labores de información e inteligencia de los Mossos d'Esquadra que desembocaron en los atentados de Cataluña en 2017, el president aún no se lo haya aprendido.
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