Aun siendo conscientes de su debilidad, cuesta entender por qué el Gobierno de Pedro Sánchez sigue inmolándose políticamente dando forma de ley a las chorradas que le exige Podemos. La aprobación hoy en Consejo de Ministros del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda es la última ocurrencia legislativa que terminará ante el Constitucional.
Es posible que la estrategia del PSOE sea la de mostrar a sus socios de Gobierno que ellos cumplen con lo pactado, pero que son los jueces los que impiden que sus estupideces se conviertan en ley. También es posible que sea la forma de demostrar a los podemitas que lo que exigen está fuera del marco constitucional. Tanto en uno como en otro caso supone otro montón de millones de euros para dar vida a una ley que nace muerta.
El informe del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de la nueva chapuza legislativa no es, como esgrime siempre Podemos, que jueces reaccionarios se opongan al progresismo y a una España más social.
Es, por el contrario, la advertencia de que tan pronto se convierta en ley, PP, Vox, Ciudadanos o los tres, la llevarán al Constitucional para derogar los aspectos que son obviamente contrarios a nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, como siempre sucede, esos aspectos son los más relevantes y publicitados de la norma.
Es el problema de pretender hacer campaña electoral utilizando herramientas de los poderes públicos que no han sido diseñadas para ese fin.
El Estado no puede entrar a imponer limitaciones al precio o a las condiciones de venta que cada cual quiera poner a su propiedad privada, sea un piso o una bicicleta.
Ni puede imponer a los promotores condiciones económicas que hagan inviable su proyecto.
Además, da igual si obligan a un constructor a que el 30% de su promoción inmobiliaria tenga carácter de vivienda social si luego los bancos exigen condiciones leoninas a los compradores para conceder las hipotecas, como ha estado pasando hasta hoy.
El Estado tampoco puede decirle al propietario a cuanto o a quien debe alquilar sus pisos, ni tan siquiera obligarle a que no estén vacíos. Ni sancionar vía fiscal a aquellos que no bajen los precios de los alquileres. ¿Es que nadie del Gobierno se ha leído la reciente sentencia de la justicia europea sobre el “modelo 720” y la declaración de bienes en el extranjero?
Todo ello es inconstitucional y, además, va contra las normas de la Unión Europea.
El Gobierno sabe que su proyecto de ley no tiene futuro, por eso no le preocupa que la norma no funcione el poco tiempo que esté en vigor. Algo que ya sabe que sucederá.
El problema es que, en el trámite de satisfacer las idioteces de Podemos, va destruyendo la credibilidad de la ley española y, en consecuencia, la seguridad jurídica. Y eso tiene precio.
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