El reciente asesinato de un niño de nueve años en un municipio de La Rioja por un hombre que había cumplido condena por el mismo delito y el igualmente reciente atropello accidental de tres alumnas a las puertas de un colegio de la provincia de Madrid, han vuelto a poner sobre la mesa dos de los problemas en los que los españoles somos reincidentes.
Por un lado, la tendencia a rasgarnos las vestiduras y exigir a los gobernantes cambios legislativos apresurados movidos más por las pasiones del momento que por el reflexivo análisis de los acontecimientos. Por otro, y de nuevo, ha puesto de manifiesto el lamentable nivel de los medios de comunicación españoles que, negándose a aprender de la experiencia, siguen baremando el éxito principalmente en índices de audiencia y cuotas de pantalla, que no en calidad de la información.
Y la más actual prueba del papelón que estamos haciendo los medios de comunicación en la era digital es la de la juez de Marbella a la que todos los titulares apuntaron con el dedo por “quitar” una hija a su madre por mudarse a la “Galicia profunda”. Algo que, sencillamente, era mentira.
Para los lectores que quieran informarse sobre este caso seriamente, y ya que no lo hicieron en su momento esos grandes medios de comunicación que utilizan gran parte de los informativos a palmearse su propia espalda, lo mejor es que se lean el auto judicial. Como bien dijo Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique, “informarse, cuesta”.
En lo que respecta al asesinato del niño, las voces que inmediatamente surgieron clamando un, otro, endurecimiento de la legislación penal, fueron correctamente acalladas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recordó, por enésima vez, el peligro de legislar en caliente.
El índice de aciertos de las normas penales y penitenciarias españolas demuestra que es una de las cosas que están bien hechas en este país. La opción “B”, la de mantener a gente en la cárcel por si comete un delito que aún no ha cometido, es una solución mucho más peligrosa.
En lo que respecta al atropello en la puerta de un colegio madrileño y la consiguiente e inevitable concentración de padres para reclamar entornos seguros en estos centros educativos, baste señalar que fue una madre de alumnos de ese mismo colegio la que provocó el accidente por un error al meter las marchas del vehículo.
De nuevo, e intentando superar las pasiones del momento, lo mejor sería que los padres de alumnos se plantearan si es necesario que cada mamá o papá lleve al niño al colegio en un enorme vehículo suburban y que todos pretendan dejarlo justo en la puerta del cole. Todo ello sin entrar a discernir si lo de comprarse determinado coche, que mucha gente no sabe conducir, no se debe más a una batalla de egos de padres y madres que a una necesidad racional de movilidad.
No estaría de más volver a reconsiderar lo del transporte escolar en autobuses, como se ha hecho toda la vida, sobre todo en aquellos colegios en los que la hora de entrada y salida se convierte en una especie de "expo" de grandes cochazos de lujo o que intentan parecerlo, muchos conducidos con bastante poca pericia, que provocan unos atascos tercermundistas mientras los críos cruzan entre ellos.
En todo caso, el denominador común a los casos comentados es que no se puede responder a cualquier suceso o accidente endureciendo normas o reclamando soluciones a problemas creados por los mismos que los exigen.
De nuevo, la fría reflexión, el dejar a los profesionales estudiar cada caso y el sentido común parecen las mejores herramientas para corregir lo que haya que corregir, y no caer en la trampa de intentar arreglar lo que funciona.
En lo que respecta al caso de la juez de Marbella, es labor del ciudadano sospechar de toda información periodística que parezca una estupidez, porque suelen serlo. Está claro que nosotros, los medios de comunicación que nos pasamos el día mirándonos el ombligo, no vamos a hacerlo.
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