Nada ni nadie parece capaz de corregir el empeño de este Gobierno a la hora de crear, parir en realidad, leyes inaplicables, inútiles y/o inconstitucionales que son presentadas, siempre e inevitablemente, como otro gran logro de un presidente que emplea la capacidad de legislar como el cemento que mantiene en pie la endeble estructura de la coalición de gobierno.
Esta semana nos encontramos a caballo entre dos episodios, como en las series de las plataformas televisivas de pago. Por un lado tenemos la publicitada futura Ley por el Derecho a la Vivienda, que ha sido presentada por la ministra del ramo, Raquel Sánchez, como la espada con la que el cruzado "progre" Pedro Sánchez acabará con aquellos especuladores y poderosos que abusan de su prevalencia en el mercado inmobiliario imponiendo su despotismo en precios y condiciones.
El otro episodio de la segunda serie es el de la eterna derogación de la reforma laboral, si bien, en este segundo caso, aún no ha trascendido el acuerdo al que han llegado hoy PSOE y Podemos sobre lo que se va a derogar o, como prefiere decir el presidente Sánchez, “modernizar”.
Pero, de nuevo, la sorprendente ignorancia de los gobernantes podemitas y el servilismo de los socialistas ante las infantiles rabietas de sus caprichosos socios se estrellará contra dos muros que son escasamente porosos: el de la legalidad y, sobre todo, el de la realidad social.
Porque la futura ley sobre vivienda nace muerta. Por un lado, las medidas que adopta no lograrán el objetivo pretendido pues el mercado inmobiliario español, sobre todo el del alquiler, no está controlado por esos “grandes tenedores” a los que el Gobierno se refiere como a una especie de mafiosa logia masónica que controla el sector.
En realidad, más del 80% del mercado inmobiliario español está en manos de pequeños y medianos propietarios, a los que no afecta la futura norma, mientras que las medidas para intervenir en los precios, muchas de ellas manifiestamente inconstitucionales, no serán aplicadas por las autonomías, que son las competentes, ante el temor de espantar la inversión y retraer la oferta.
Todo ello sin contar que esta norma muerta nacerá con una vacatio legis (demora en su entrada en vigor) que, junto a las demás actuaciones necesarias para su aplicación, la dejarán en el baúl de los recuerdos unos dos años.
En cuanto al sainete de la reforma laboral. Es probable que los socialistas permitan anular aspectos residuales y ponerle otros nombres a las formas contractuales ahora en vigor. Lo que sea con tal de que los ministros de Podemos puedan hacer su papel de chicos rebeldes y salvar la cara tras un nuevo y estúpido empeño de remar contra el viento.
De no ser así, llegará Bruselas con las rebajas y veremos peligrar esos 140.000 millones de euros de dinero europeo. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha pasado esta semana por Madrid para recordárselo a nuestro Gobierno.
De todos modos, habida cuenta de que todas las instituciones financieras nacionales e internacionales están advirtiendo a Pedro Sánchez de que las cuentas que se ha hecho para los presupuestos generales que pretende aprobar no salen, y ante el enfriamiento económico que resta varios puntos a las excesivamente optimistas previsiones del Ejecutivo, tal vez lo mejor sea que esos 140.000 millones no lleguen.
Es posible que terminemos debiendo mucho más de lo que podemos pagar.
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