Es comprensible que los congresos nacionales de los partidos políticos estén plagados de autocomplacencia y que el mensaje a transmitir, invariablemente, consista en elogios hacia la organización y, sobre todo, hacia el líder de turno, como ha sucedido este fin de semana con el del PSOE. Pero dejarse llevar por la euforia del momento es peligroso.
En estas circunstancias y en un pesadísimo discurso en el que el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha vuelto a demostrar lo contento que está de conocerse y escucharse, ha anunciado otra estupidez legislativa. La de la prohibición y presumible penalización de la prostitución. No obstante es cierto que, con la habitual escasa claridad del presidente a la hora de asumir compromisos, ha prometido “avanzar” en la prohibición de esta práctica.
Lo cierto es que eso, lo de prohibir la prostitución, no sucederá. Al igual que tampoco recortará, como ha prometido, los beneficios de las eléctricas por la cara, ni limitará los precios de los alquileres o sancionará fiscalmente a los propietarios que cobren arrendamientos caros o que mantengan sus pisos vacíos. Tampoco habrá ley del “sí es sí” por mucho que la ministra Irene Montero se empeñe.
Estas iniciativas, como algunas más de las que parecen alentadas por las sandeces de Podemos son, sencillamente, ilegales y/o inconstitucionales.
Es cierto que son mensajes populistas que tienen gran repercusión mediática y que sirven para cosechar votos, sobre todo entre el votante poco cultivado o que no entiende que la ley es un asunto de profesionales.
Porque cuando se habla de prostitución se produce una común confusión con el proxenetismo, que se asocia, aunque no siempre sea así, a la llamada trata de blancas. Delitos, por cierto, que ya están contemplados, y sancionados con cárcel, en el art. 177 bis del Código Penal y del 187 al 190, incluso mediando el consentimiento de la persona prostituida.
Pero ¿qué ley y cómo va a prohibir que alguien mayor de edad utilice voluntariamente el sexo para ganar dinero? ¿y si no recibe dinero sino algún tipo de prebenda? ¿serán detenidas aquellas personas que se casen o emparejen por interés, por la riqueza de su cónyuge o pareja? ¿creará el Ministerio del Interior una unidad policial especial para investigar si hay amor verdadero o pura y gratuita lujuria sin que medie contraprestación? ¿regalar flores o bombones para conquistar se asimilará al pago de un precio con finalidad sexual?
Y como estas se podrían hacer una decena más de preguntas, algunas incluso más estúpidas, que convierten a lo que ni tan siquiera es aún un anteproyecto de ley en otra mamarrachada de nuestro presidente, otra ocurrencia a sumar a las varias que serán anuladas por el Tribunal Constitucional después de habernos costado un puñado de millones de euros en tramitaciones inútiles.
Todo esto sin pararnos a reflexionar sobre lo que cualquiera con dos dedos de frente sabe, que la prohibición será una catapulta económica para los proxenetas y para las organizaciones criminales, que se beneficiarán del tradicional efecto de "ley seca" y que convertirá a la prostitución en un negocio aún más oscuro y marginal de lo que ya es.
Eso sin entrar a dirimir otras cuestiones que afectan a los derechos constitucionales de aquellas personas que voluntaria y libremente quieran ejercer la prostitución por la razón que sea.
Esperemos que el presidente "avance" en esta iniciativa con un poco más de sentido común del que suele emplear. La necedad de este hombre no deja de sorprender.
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