Lo que tiene el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un problema de ego. Tanto él como su partido. Forzar su detención, a sabiendas de que figura en los ordenadores de las policías europeas como un fugado más, no responde más que al hecho de que le han dejado fuera de la llamada “mesa de negociación” del Ejecutivo catalán con el nacional.
Él es consciente de que Italia no va a conceder la extradición pues, como todos sabemos, Puigdemont ya dijo que no está dispuesto a convertirse en mártir para la causa. En su carísimo casoplón de Waterloo esta pasando su “exilio” y es obvio que su independentismo no alcanza al punto de tener que renunciar a su estatus de lujo.
A estas alturas resulta excepcional, extraordinario en realidad, que algún político español esté dispuesto a sacrificar un ápice de su calidad de vida por una causa noble, aún menos por sus propios principios; la mayor parte carece de ellos.
Puigdemont solo pretende llamar la atención pública sobre el hecho de que le han dejado fuera de esa estupidez ideada por Pedro Sánchez, de legalidad más que cuestionable, que es la famosa “mesa de negociación”. Como en cualquier otra mesa, el que es invitado a ella es invitado al reparto de algo, aunque sea de la cena, y como a todos nuestros representante electos, la egolatría le puede y la posibilidad de que el secesionismo catalán pase de él le resulta inasumible. Cuando uno se acostumbra a estar bajo los focos, siempre se niega a asumir el papel de actor secundario.
No obstante, hay que reconocer que, al igual que los demás independentistas, el fugado solo puede ganar o ganar porque no tiene nada que perder. En esa “mesa de negociación”, a la que con tanta torpeza ha embarcado Pedro Sánchez al Gobierno central, solo la firmeza de la unidad nacional puede perder o perder. El admitir su creación ha sido, en sí mismo, una muestra de debilidad del Estado y el reconocimiento tácito de que hay un “conflicto” que dirimir. Lo que implica el reconocimiento de que las reivindicaciones secesionistas tienen algo de veracidad.
Es comprensible que, en su obsesivo deseo por permanecer el el poder, el presidente Sánchez haya transigido con esa aberración de negociar fuera de la legalidad lo que no es negociable. El actual Gobierno de la Generalitat lo deja muy claro cada vez que abre la boca: solo quiere hablar de independencia, referéndum e impunidad de los delincuentes que hay entre sus filas.
Con ese planteamiento, partiendo de unas premisas manifiestamente ilegales, ¿Qué se puede negociar? No es, como insiste Sánchez, una cuestión de "diálogo" sino de ser consciente de que, si el propio Gobierno del Estado negocia con quienes le exigen que incumpla la Constitución, todos los españoles lo tomaremos como ejemplo. Empezando por los contribuyentes y su cada vez mas pesada carga fiscal.
Es muy probable que, una vez que Sánchez salga de La Moncloa tras las próximas elecciones, termine sentado en el banquillo de un juzgado por un delito de traición. Pero ni aun pasando el resto de su vida en la cárcel, podrá reparar el daño que le está haciendo a la credibilidad del país.
La política no tiene nada que ver con el "diálogo", tiene que ver con la fuerza, es la ley de la selva y la debilidad, como la que está demostrando el Gobierno central, coloca a España en el escalón más bajo de la cadena alimenticia.
Con estos antecedentes, ¿Imaginan a Pedro Sánchez siendo firme ante la amenaza de un tercer país? Marruecos, consciente de esas muestras de debilidad de nuestro Gobierno, lo ha hecho utilizando a sus niños como arma de guerra en Ceuta.
En este escenario, Puigdemont no es el problema, es solo una anécdota casposa en plan película de Santiago Segura, otro político oportunista luchando por ese 3% de comisión institucionalizado hace décadas en Cataluña por la "casta" de los Pujol.
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