A solo cuatro días de que termine el plazo, el Gobierno aún no ha entregado en Bruselas el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del que tanto ha hablado Pedro Sánchez y, sin embargo, sobre cuyo contenido apenas ha informado.
De lo poco que sabemos sobre lo que piensa hacer el Gobierno con esos 140.000 millones de euros es que va a gastarlos según su criterio sin atender, de nuevo, a la exigencia de Bruselas de que sea una institución independiente la que administre los fondos.
Teniendo en cuenta que es ya tradición en la democracia española que la clase política gaste el dinero público siguiendo el método contable de "merienda de negros", no resulta en absoluto tranquilizador el sistema ideado por PSOE y Podemos para elegir los proyectos a los que se destinará ese chorro de millones. Menos aún con los peligrosos antecedentes que los principales partidos del país tienen en materia de corrupción.
El que muchas empresas del Ibex estén ideológicamente marcadas y que, sin rubor alguno, apoyen a PP o a PSOE, y hasta aparezcan implicadas en asuntos judiciales de financiación ilegal de partidos, hace sospechar que, de nuevo, el dinero europeo se diluirá en ese limbo de la corrupción sin llegar al ciudadano.
Ya se adelanta que la construcción de infraestructuras será uno de los capítulos relevantes en los que se gastará ese dinero y, teniendo en cuenta que las principales empresas de obra civil que cotizan en bolsa han sido señaladas en asuntos judiciales como fuentes de financiación ilegal de los partidos políticos, no hace falta ser un lince para prever lo que pasará.
Todo ello sin olvidar que el Gobierno PSOE-Podemos, el del Ingreso Mínimo Vital, el que prometía cobrar más impuestos a los ricos y menos a los pobres, y proteger a los económicamente más vulnerables, ya ha empezado a subir impuestos indirectos, los que más castigan a los económicamente más débiles por cuanto suponen el mismo coste para un desempleado que para el consejero delegado de un banco; matriculación de vehículos, combustibles o peajes, creando incluso nuevos cargos para circular por autovías públicas, son algunos de esos capítulos.
Y eso sin haber empezado a devolver los 70.000 millones de dinero europeo. Los otros 70.000 son a fondo perdido, lo cual es mucho más cierto de lo que creen en Bruselas.
No es cierto que este Gobierno proteja a la población más vulnerable, al igual que tampoco lo hizo ninguno de los anteriores, ni del PSOE ni del PP, desde que los diferentes presidentes empezaron a repartir las empresas y servicios públicos españoles entre sus amiguetes, desmembrando el INI (Instituto Nacional de Industria). A partir de ahí apareció el Ibex, la corrupción política y se insituticionalizó ese método "merienda de negros" de hacer las cuentas con el dinero del contribuyente.
Lo bueno y lo malo es que, aunque en menor medida, la corrupción de la democracia no es solo un fenómeno español, ni tan siquiera europeo, es occidental. Esas grandes corporaciones y empresas jamás permitirán una España o una Europa social, menos aún la aparición de verdaderas democracias regidas por un Estado de Derecho con auténtica separación de poderes.
Los grandes partidos políticos han quedado reducidos a simples departamentos de esos conglomerados empresariales o financieros, y los gobiernos que puedan constituir son tan solo empleados en nómina que han de respetar el principio de obediencia debida si no quieren ser despedidos.
El fondo europeo es solo otra partida que ya se deben estar repartiendo esos grandes, no llegará al ciudadano, no nos sacará de esta, aunque sí nos tocará, de nuevo, pagar la factura.
Si prestan atención, podrán ver cómo sucede.
Comentarios potenciados por CComment