Tras lograr el Gobierno aprobar su plan para disponer a su antojo y de modo opaco de los multimillonarios fondos europeos para la recuperación cuando lleguen a España, está claro que ese dinero no solo no va a sacarnos de esta sino que, por el contrario, nos endeudara y, por tanto empobrecerá, durante otro par de generaciones.
Hasta el presidente Pedro Sánchez se niega a hacer público el contenido del informe del Consejo de Estado al respecto. Y eso que está presidido por una socialista, la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
Aun así, parece que el informe descalifica totalmente el plan presentado por el Gobierno para disponer de los 140.000 millones europeos, de los cuales habrá que devolver la mitad.
La otra mitad es a fondo perdido y, habida cuenta del tejemaneje que preparan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es seguro que los podemos dar por perdidos.
Aparte de la opción tradicional de encomendarnos a la Virgen de Lourdes, a los españoles nos queda la esperanza de que el nivel de corrupción en Bruselas no sea similar al de nuestro país, y que sean las instituciones europeas las que pongan reparos a un plan de inversión de ese dinero que parece concebido para que nadie sepa en qué, en quién y cómo se ha gastado.
De entrada, la Comisión Europea exige que sea una entidad independiente y ajena a la política la que gestione ese dinero. Que es a lo primero que se ha negado el Gobierno, lo que apunta a que no parecen ser la objetividad y la utilidad de las inversiones, ni la claridad y transparencia de las mismas, los objetivos principales del sospechoso plan de recuperación de Sánchez e Iglesias.
Teniendo en cuenta que la corrupción de nuestra clase política es tan profunda como estructural, y tan enormemente dependiente de esa oligarquía económica y financiera que tampoco se caracteriza por su honestidad, dejar esa cantidad de dinero a unos partidos rendidos a un puñado de bancos, de compañías cotizadas y de fondos buitre, es la solución perfecta para perpetuar el corrupto sistema de financiación de partidos utilizando la habitual fórmula de dinero público, amiguetes y concesiones o adjudicaciones.
No es casualidad que el Gobierno sea tan reticente a conceder ayudas directas a los sectores profesionales más castigados por la pandemia. Es un sistema sin intermediarios en el que justificar lo injustificable resulta bastante más complejo.
Con antecedentes tan señalados como el de Bárcenas o el de los ERE en Andalucía, esperemos que Bruselas no mire para otro lado y vea lo evidente.
O nos queda lo de la Virgen de Lourdes, aunque con el grado de corrupción que padecemos, lo mismo también le han concedido una subvención pública para que no haga nada.
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