Subdesarrollo normativo

Resulta interesante ver que España está involucionando legislativamente y, en lugar de acercarse más a Europa, lo hace a países del continente africano. Y, en este caso, no es culpa exclusivamente de Pedro Sánchez, ni de un partido u otro, sino de todos. Es una dinámica que ni empezó ni terminará en una legislatura.

Esa involución consiste en que nuestros modelos de normas y sobre todo la eficacia y cumplimiento de las mismas, se asemejan cada vez más a las de países en vías de desarrollo e incluso subdesarrollados.

Cuanto más atrasado es un país más lo es su sistema normativo y menos utilidad tienen sus normas, lo que suele derivar en que los gobernantes confunden la cantidad con la calidad, generando un farragoso, complejo e inaplicable número de leyes que solo suelen servir para complicarle la vida al ciudadano.

En España comenzamos con esa dinámica pocos años después de aprobar la Constitución que, paradójicamente, es una norma técnicamente muy avanzada y eficaz para sus tiempos. Después, sin embargo, los gobiernos han ido degradando el valor de la norma al utilizar el Poder legislativo como una herramienta más al servicio de sus intereses políticos o ideológicos.

Actualmente tenemos un destacado número de normas inútiles aprobadas por motivos ajenos a su finalidad objetiva. Nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es probablemente la más destacada a la hora de ejercer el subdesarrollo normativo, proponiendo leyes que tienen como principal finalidad evitar que su partido desaparezca en la próxima convocatoria electoral.

Desde las diferentes subidas del salario mínimo, que han terminado haciendo perder capacidad adquisitiva a los trabajadores y, en consecuencia, empobreciéndolos, a todo ese farragoso y complejo elenco de obligaciones para el empresario y supuestos derechos para los trabajadores, que nadie vigila ni obliga a cumplir y que solo serán eficaces para destruir empleo o crear más subempleo. Es el caso de la sandez de la reducción de la jornada laboral en una España que está a la cola de Occidente en productividad; sin olvidar por supuesto todas esas normas para fichar en el trabajo con las que nadie se aclara, que nadie cumple y que nadie controla.

Son solo algunos ejemplos que afectan al Ministerio de Trabajo, pero las demás carteras no escapan al mal de la prolija inutilidad normativa que aqueja a los ministros.

Consumo es también un buen departamento para comprobar la capacidad de nuestros políticos de legislar por legislar y la mejor forma de comprobarlo es presentando alguna hoja de reclamaciones por lo que sea, comprobarán que, salvo que encuentren al reclamado rodeado de cuerpos inertes con un arma humeante en la mano, no pasa nada y la próxima vez que el reclamante acuda al mismo establecimiento comprobará que nada ha cambiado. Si bien, puede darse por satisfecho por la enorme cantidad de derechos nominales que le protegen a pesar de que nadie los respete ni una autoridad sancione por no respetarlos.

Podríamos seguir así, ministerio tras ministerio, pero es innecesario pues todos hemos sido víctimas de esa ineptitud de la mayoría de las normas para producir los efectos para los que fueron aprobadas. Desde las que crean teléfonos de atención al ciudadano que no atienden hasta los de emergencia en los que no contesta nadie, incluido el de la policía. Normas que articulan procedimientos de toda naturaleza que teóricamente suponen ventajas y derechos para el ciudadano y que, sin embargo, terminan convertidos en una irresoluble trampa burocrática, o bien en un motivo de venganza de la administración pública ante ese sujeto que ha osado intentar ejercer una facultad concedida por una norma que no fue aprobada para resultar útil sino únicamente como un enunciado vacío con un objetivo ideológico o electoral.

El poder legislativo, en su sentido de facultad monopolística del poder público necesaria para cumplir su obligación de administrar la comunidad, ha quedado reducido a un andamiaje vacío, unos pilares que no sujetan nada y que han conducido a una ausencia real de Estado en las relaciones entre los ciudadanos. El Estado tuitivo no ejerce, solo aparece en la existencia del ciudadano ejerciendo su faceta de represor, con normas que prohíben o sancionan, estas sí con eficacia, aquellas conductas que el gobernante considera que podrían poner en peligro su permanencia en el poder, caso de las normas fiscales o muchas de las relacionadas con el llamado “orden público” y con la “seguridad del Estado”.

La norma, reducida ya a otro instrumento para perpetuar al sátrapa en el poder, ha conformado la imagen externa de una España occidental y moderna con el corazón de una república bananera.