Grandes demócratas

Como en tantas otras ocasiones, el Consejo de Ministros vuelve a aprobar una iniciativa legislativa para pagar la lealtad de algún socio de Gobierno sin pararse a hacer números sobre lo que le está costando al contribuyente la lealtades de los numerosos socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta semana le ha tocado de nuevo al tabaco, con la aprobación del anteproyecto de ley al respecto que pretende mantener fiel a la causa a la ministra de Sanidad, Mónica García, perteneciente a Sumar, formación en peligro de extinción.

Evidentemente, como también es habitual cuando se trata de ministros de esta formación, la norma se ha redactado con el recurrente yihadismo ideológico que suele convertir en inaplicables gran parte de las paridas legislativas a las que nos tiene acostumbrados este Gobierno.

Si la ley se aprueba definitivamente sin tocar el texto con el que ha salido del Consejo de Ministros, el vaper se equiparará al cigarrillo y no se podrá fumar, ni vapear por supuesto, en muchos espacios exteriores, incluidas las terrazas de bares y restaurantes, amén de otras restricciones que alcanzarán a todos los productos que lleven nicotina y de amenazar con más sanciones y prohibiciones, algo que no es novedad en el acerbo legislativo de la extrema izquierda.

El cálculo que no parece haber hecho ni la ministra de Sanidad, Mónica García, ni la de Hacienda, María Jesús Montero, ni el de Economía, Carlos Cuerpo, es el coste de imponer el políticamente correcto dogma de vida sana y hábitos saludables, uno de los muchos mandamientos que hoy debe cumplir el ciudadano dócil.

Sorprende que, con el impacto económico que tiene el sector servicios en España, la hostelería siga aletargada ante la significativa caída de ingresos que sin duda supondrá perder a muchos fumadores como clientes. Los fumadores, solemos ser grandes consumidores de hábitos que no son sanos y hasta políticamente incorrectos, tales como tabaco, alcohol o comidas poco sanas, todos ellos sometidos a una carga fiscal excepcionalmente alta, lo que nos convierte en contribuyentes VIP. La expulsión de los fumadores de las terrazas afectará a la capacidad de recaudación fiscal, a los precios de los establecimientos y terminará repercutiendo rápidamente en el precio final que pagará el consumidor, fume o no.

No es que los fumadores no vayan a volver a pisar una terraza, pero lo harán menos, y optarán más por reuniones en domicilios o en cualquier otro sitio en el que puedan hacer lo que les apetezca sin que el Estado policía les ordene cómo deben vivir. Sencillamente consumirán menos y volverán a sus casas antes para poder fumar, si es lo que les apetece. Nadie sale a gastar dinero para pasarlo mal.

Hosteleros y Estado reducirán sus ingresos, los primeros lo compensarán subiendo los precios a sus clientes y Hacienda subiendo los precios a todos.

La opinión ciudadana reclamada por la ministra de Sanidad, Mónica García, abriendo una consulta pública al anteproyecto de ley se quedó en lo que suele quedarse Sumar, en el paripé democrático, y no parece que se haya incorporado al texto un mínimo de mesura.

No se ha planteado alternativa alguna, ni espacios separados en el exterior, ni decisión voluntaria del establecimiento, por supuesto no se ha planteado la lógica posibilidad de limitar el tráfico rodado en las zonas con terraza, al fin y al cabo, a diferencia del humo del tabaco, el dióxido de carbono de los coches te convierte muy rápidamente, no en fumador pasivo, sino en cadáver.

Aunque por encima de la lógica económica está esa sensación, más asfixiante aún que el humo del tabaco, de un Estado “protector” que huele a soviético cada día más y que se empeña en imponernos su forma de vivir, de pensar y de respirar. La salud es un derecho, no un principio de fe, nadie puede perjudicar conscientemente la del otro, pero tampoco se puede privar a alguien de su derecho a no vivir de forma saludable. No se prohíbe al montañista escalar un pico a riesgo de matarse o de poner en peligro a los guardias civiles que tienen que ir a rescatarle, ni al submarinista o al bañista, ni al conductor de cualquier vehículo porque pueda terminar estrellándose. ¿Por qué todos ellos tienen derecho a poner en peligro sus vidas y el fumador no?

Quien esté pensando en la fácil respuesta de que el humo perjudica y molesta a los demás, y supone un gasto extra para la sanidad pública, puedo contestarle que el humo de los coches también perjudica y molesta a los que no tenemos coche, y los ladridos de un perro de madrugada a los que no tenemos perro, y el que colapsen una ciudad y corten las calles principales por celebrar una carrera molesta a los que no corremos. En cuanto al gasto sanitario, desde luego es cierto, los fumadores somos enfermos caros, por eso pagamos una barbaridad de impuestos extra en el tabaco que, teóricamente, deberían destinarse a compensar esa circunstancia.

Sin embargo, concluyo diciéndoles que jamás he oído a ningún fumador quejarse por tener que pagar con sus impuestos los rescates de los que se juegan la vida voluntariamente en la montaña, en el mar o en los ríos, ni pedir los números sobre lo que cuesta el tráfico, en vidas, en heridos y en recursos materiales, o lo que gastamos en limpieza desde que hemos convertido muchas de nuestras ciudades en cagaderos de perro.

En consecuencia, me atrevo a concluir que los fumadores, aunque vivamos menos que los políticamente correctos, debemos ser grandes demócratas.