Las estupideces legales siempre terminan complicándolo todo. Cuando se utiliza la capacidad de legislar de modo sesgado, condicionado por una ideología, una religión, una agenda política o los intereses particulares de individuos o de grupos, se termina cometiendo errores como lo es el actual delito de odio.
Recogido en el art. 510 del Código Penal, reformado en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, ampliado y convertido en una especie de dogma inquisitorial de modo chapucero y sin prever las consecuencias legislativas que ahora va producir, el llamado “delito de odio” se ha convertido en un cajón de sastre en el que el gobernante, utilizando al fiscal general del Estado como a su títere, puede imputar el tipo delictivo a cualquiera que discrepe mínimamente de esa verdad “progresista” que Sánchez impone utilizando las leyes con la misma contundencia con la que Franco utilizaba a los antidisturbios
El resultado del impresionante número de errores de técnica jurídica reunidos entre los artículos 510 y 512 del actual Código Penal producirá resultados esperpénticos similares a los de esa otra gran sandez legal que fue la ley del “solo sí es sí”, útil únicamente para colocar a la exministra Irene Montero en un puesto de honor en la galería parlamentaria de los ineptos.
Porque el problema del delito de odio empieza antes de legislar sobre él. El origen de la complicación técnica probablemente reside más en el Derecho Natural que en el Penal: Odiar no es delito, no es evitable ni sancionable y, en consecuencia, resulta imposible regularlo con éxito.
La consecuencia del engendro legislativo que nos ocupa produce el cómico resultado de que se pretenda imputar ese delito a Santiago Abascal, líder de Vox, por sus declaraciones sobre los sucesos de Torre Pacheco o a la diputada de Podemos Ione Belarra por sus manifestaciones “antisemitas”, por alinearse con los palestinos y denunciar el genocidio que se está cometiendo en Gaza. De hecho, incluso por este artículo, la Fiscalía General de Pedro Sánchez podría considerar que calificar como genocida, sin que exista sentencia, el asedio israelí a la Franja de Gaza es constitutivo de un delito de odio con motivación antisemita por “públicamente fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia... por motivos antisemitas” (Art. 510.1a del Código Penal).
No consta en el Boletín Oficial del Estado que publicaba esta reforma si fue por ineptitud o si se hizo conscientemente con el ánimo de imponer las filias y las fobias de los ciudadanos, que se utilizara una arquitectura legislativa cubista para construir una ley orgánica sin pies ni cabeza en la que todo o nada puede ser “delito de odio” dependiendo de lo que decida otro chiringuito público creado por Pedro Sánchez, una oficina específica y adjunta al Fiscal General de Pedro Sánchez.
Porque el articulado impuesto a este delito pretende escapar a la claridad y a la concreción, permitiendo a unos poderes público politizados hasta la médula decidir convenientemente cuándo una actitud, un mensaje, una declaración, una opinión, una idea, una obra de arte o un escrito mostrado al público promueve, favorece o incita “directa o indirectamente” al odio. O bien resulta “idóneo” para ese fin “directa o indirectamente”, o “trivialice gravemente o enaltezca” determinados delitos cuando “de este modo se promueva o enaltezca un clima de violencia”.
Y esta inconcreción y arbitrariedad se podrá aplicar con mesiánico rigor y contundencia inquisitorial a todo aquel que disienta, opine, discrepe, cuestione o dude de este nuevo dogma que puede llevar a la cárcel tanto al proisraelí por “islamófobo” como al proárabe por “antisemita”.
Lo único con sentido común sería empezar a aplicar esta barbaridad jurídica a nuestros lamentables líderes políticos por pasarse el día incendiando el ánimo de los españoles con declaraciones ofensivas, insultos y descalificaciones entre ellos que sí invitan “directa o indirectamente al odio”.
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