No es ningún secreto que nuestro presidente del Gobierno padece esa obsesión por el control sobre todo lo que pueda amenazar su permanencia en el poder que siempre ha aquejado a los déspotas a lo largo de la historia.
Tras pasarse las dos legislaturas desmontando la separación de poderes y colocando a sus secuaces al frente de aquellos altos cargos que de una forma u otra pudieran oponerse a sus deseos, esta semana le ha tocado el turno a los secretos oficiales, plaza que no iba a dejar sin colonizar. Para ello prepara una nueva ley con la que, por un lado, pretende contentar a sus socios del PNV para que no le fastidien su inquietante mayoría y, por otro, le permita alimentar su creciente endiosamiento dejando en sus únicas manos la determinación de lo que debemos y no debemos saber los ciudadanos.
Para ello, y como era previsible, Sánchez nombrará como máxima autoridad en la materia a un nuevo organismo denominado Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, probablemente su más leal lacayo.
Por supuesto, como suele suceder con todas las leyes que perpetra este Gobierno, se reserva en última instancia la decisión de revertir la desclasificación de información a pesar de que se cumpla el plazo legalmente establecido apelando a conceptos tan vagos como amplios que permitirán a Pedro Sánchez decidir arbitrariamente lo que debe y lo que no debe ser público.
Ese afán por controlar los secretos no ha gustado a la ministra de Defensa, Carmen Robles, que se niega a apoyar el proyecto, y es bastante probable que tampoco haga demasiada gracia en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La deriva presidencialista que Pedro Sánchez imprime a su gestión, con una concentración de poder cada vez mayor en sus manos hasta el punto de gobernar a golpe de Real Decreto Ley para evitar el control parlamentario, disgusta incluso entre sus propias filas. Cada vez son más los líderes socialistas que desconfían del tinte despótico que va adquiriendo la gestión de este Gobierno.
Igualmente nuestros aliados nos miran con mayor recelo, especialmente Estados Unidos y los países miembros de la OTAN, que ven hoy cómo Pedro Sánchez pretende controlar en solitario y de modo absoluto información secreta que también les puede afectar.
Además, esta inquietante realidad se produce cuando aún colea la polémica del contrato firmado por el Ministerio del Interior con la empresa china Huawei, fácticamente considerada un apéndice del Partido Comunista de China (PCCh), para guardar en sus servidores todas las escuchas de las investigaciones policiales, lo que incluye las realizadas a organizaciones criminales chinas oy al espionaje chino en nuestro país. Tanto EEUU como la Comisión Europea han advertido a La Moncloa del evidente peligro que supone para la OTAN semejante brecha de seguridad. Advertencia a la que el presidente, el ministro del Interior y el de Exteriores han hecho caso omiso.
A la inteligencia norteamericana, que ya ha dado la orden de limitar el intercambio de información con España, y a la de la Alianza no escapa que es el lobby creado por un socialista, el exministro de Fomento José Blanco, el que representa los intereses de Huawi en España, al igual que saben que la pareja del ministro de Asuntos Exteriores fue la vicepresidenta de la empresa china en nuestro país.
Con todos estos antecedentes ahora mismo merecemos para nuestros aliados cualquier cosa menos confianza.
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