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Viernes, 30 de Diciembre de 2022
Por Fernando Madariaga

Si algo queda claro en las numerosas y diferentes iniciativas de los principales partidos políticos para ayudar a las economías más vulnerables a sortear la complicada situación económica actual, es que ninguno de ellos tiene un plan económico coherente, aunque sí un plan electoral consistente básicamente en comprar con dinero público al votante.

Las medidas económicas aprobadas por el último Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, al igual que la mayor parte de las anteriores, no tienen ni pies ni cabeza, y aunque el presidente Sánchez dedicó un buen rato de otra de sus aburridísimas ruedas de prensa a enumerar los logros que no ha conseguido y felicitarse a sí mismo, el alcance de esas ayudas directas, de la bajada del IVA en alimentos “básicos” y de cualquier otra subvención tendrá una eficacia muy fugaz en la calidad de vida de las pocas familias vulnerables que sean capaces de cumplir los requisitos y superar la farragosa barrera burocrática que sigue separando a la Administración española de la España real. Basta con ver el limitado efecto de todas las medidas orquestadas hasta ahora para poder determinar la eficacia que tendrán las ahora aprobadas.

Es cierto que el PP, con Feijóo al frente y su plan económico de “Antoñita la Fantástica”, consistente en bajar impuestos a la vez que se incrementa la inversión pública y se reparte dinero entre la gente, por su simplismo y falta de realismo contable, no precisa más comentario.

Socialistas, populares y podemitas carecen de un proyecto económico concreto para hacer frente al problema concreto que tenemos ahora, y las medidas que adoptan o sugieren no van dirigidas a luchar contra la inflación o contra el aumento de los precios de servicios y productos básicos. Van dirigidas a comprar las próximas elecciones con dinero público, con nuestro dinero.

Desde este perspectiva, quizá no haya sido tan mala la idea de Sánchez de quitarse de en medio el delito de malversación facilitando así aún más la estructural corrupción política española.

Y ya desde el punto de vista estrictamente económico, desespera ver como el Gobierno, incapaz de alzarle la voz a la oligarquía empresarial española, lo soluciona todo reduciendo ingresos públicos y aumentando la deuda que pagaremos durante varias generaciones.

Darle dinero a a la gente cogiéndolo de los impuestos que paga la gente es el truco de trileros preferido de los políticos españoles.

Sin olvidar que mientras el Banco de España, el Central Europeo, la Reserva Federal de EEUU y el Fondo Monetario Internacional van en una dirección encareciendo el precio del dinero para quitar liquidez de la calle, enfriar el consumo y así la inflación, nuestros ineptos electos tiran en sentido contrario, incentivado el gasto a base de entregar ayudas directas y subvenciones, tanto a familias como a empresas. Utilizando para ello un dinero público que no tenemos y que el Gobierno está pidiendo a los mercados a unos tipos de interés altos que siguen subiendo. En resumen endeudándonos más. No solo es una majadería, es una irresponsabilidad.


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