Una vez escuché a un crío decirle a su madre que la vida no estaba escrita a lápiz, no se puede borrar. Me sorprendió la profundidad del razonamiento de un niño que no era ni tan siquiera un adolescente. La anécdota viene al caso por la llamada Ley de la Memoria Democrática que entra en vigor hoy y que intentará en vano borrar la historia.
Al menos la parte de la historia que no le gusta a los fingidos progres que forman el Gobierno de Pedro Sánchez.
Y lo irónico es que todos ellos, a los que les falta boca para repetir palabras como democracia, igualdad o libertad, utilizarán las prohibiciones y la represión para borrar esa parte de la historia que condenan precisamente por ser represiva, por la falta de libertad a la que la dictadura del general Franco sometió a los españoles.
Siempre resulta interesante ver cómo los absolutismos tienen en común más de lo que creen. Ambos, los de extrema derecha y los de extrema izquierda, están convencidos de la absoluta certeza de sus dogmas y, al igual que el franquismo censuraba y prohibía, los falsos progres del Gobierno de Sánchez censuran y prohíben, convirtiendo otra ley en un chiste, un desatino que logrará un objetivo contrario al pretendido.
La Ley de Memoria Democrática, nombre por cierto enormemente inapropiado, es justo lo contrario: un instrumento de represión, de absolutismo y de falta de libertad. El espíritu dictatorial con el que el PSOE y Podemos han barnizado todo el articulado, se aprecia en que prohíbe todo lo relacionado con el régimen de Franco, forzando incluso a cambiar nombres de municipios sin contar con la opinión de los que viven en él, prohíbe cualquier símbolo, placa, signo, recuerdo, manifestación u opinión que no sea condenatoria de una España que la mayor parte de los impulsores de la norma no conocieron ni vivieron.
En caso de no cumplir lo prohibido, la norma “democrática” procede a la represión a través de la sanción.
Con este Gobierno de grandes demócratas las prohibiciones y la represión se han multiplicado tanto que lo difícil es no terminar en la cárcel.
En fin, quizá Pedro Sánchez tenga razón y mientras nosotros estamos preocupados por el precio de la luz, la gasolina, la inflación, de cómo pagar el alquiler, de una guerra a las puertas de Europa mientras terminamos de superar la pandemia y, a pesar de todo, llegar a fin de mes, no somos conscientes de la suerte que tenemos de que Pedro Sánchez le cambie el nombre al Valle de los Caídos o que le complique la vida a los carteros cambiándole el nombre a los pueblos. Quizá suprima los apellidos Franco de la guía telefónica o multe a los llamados José Antonio por si hay algún fascista entre ellos.
La Ley de Memoria Democrática no tiene nada que envidiar a las promulgadas en los mejores tiempos del franquismo y, al contrario de lo que pretende, solo demuestra que en España hay más de un caudillo.
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