El precio de la electricidad nos da este lunes una nueva "alegría" y se anuncia para esta noche un máximo que llegará a los 250 euros megavatio/hora. Nuestro Gobierno asegura que está haciendo todo lo posible, tanto aquí como en Europa, para contener ese precio final que paga el consumidor, pero no dice toda la verdad.
Tanto el nuestro como los demás gobernantes de la Unión Europea, que también están padeciendo las subidas aunque no al nivel de inmoralidad en que se están produciendo en España, se guardan un as en la manga.
Todos los ministros del ramo discuten mecanismos para reducir el impacto en la factura que paga el consumidor: limitar el especulativo precio del gas, bajar este o aquel impuesto sobre la energía o algunos otros de los muchos y oscuros cargos que aparecen en esa factura que es conocida por la máxima que dice que “si te explican la factura de la luz y la entiendes es porque te lo han explicado mal”. Y siempre, como si de un mantra se tratara, todos esos políticos justifican su incapacidad para hacer algo al respecto repitiendo ante las cámaras que “se trata de un problema complejo” y que la culpa es de Europa.
Sin embargo hay algo sobre lo que guardan un silencio culpable y tiene mucho que ver con la subida en el precio del producto final, se trata de los derechos de emisión de CO2 que tienen obligatoriamente que comprar las grandes empresas más contaminantes, las eléctricas entre ellas. Son los derechos que Bruselas asigna a los gobiernos que los subastan a especuladores privados, lo que ha llevado a que esos derechos aumenten de precio mas de un 100% en un año.
Evidentemente, lo primero que hace la empresa eléctrica que tiene que pagar esos derechos por contaminar para producir energía, es cargárselo a la factura del consumidor.
Como siempre sucede en esta Europa-ficción que hemos inventado, cuando a los que gobiernan se les ocurre alguna genialidad para protegernos del deterioro medioambiental, es el ciudadano medio el que, de una u otra forma, se hace cargo de pagar la factura. Se calcula que el Gobierno español se embolsará por esos derechos de emisión unos 3.500 millones de euros este año gracias a la maniobra especulativa que está inflando artificialmente el precio de la luz y el del gas.
En ningún momento, ningún representante europeo ha levantado la mano para sugerir que se suspenda temporalmente el pago de esos derechos e intentar romper la dinámica especulativa que es, en realidad, lo que está provocando esos precios finales de la electricidad. Como demuestran los acontecimientos, cualquier recorte a las eléctricas es respondido con una inmediata subida de precios que anula totalmente las medidas gubernamentales. Ese no es el camino.
Las grandes compañías productoras de esta energía no van a renunciar a un euro de sus beneficios y, por lo que estamos viendo, nuestro Gobierno tampoco.
El famoso principio europeo nacido a la luz del Protocolo de Kioto que dice que "quien contamina, paga" ha quedado convertido, tras pasar por la europarasitaria burocracia de Bruselas, en "contamine quien contamine, el ciudadano paga".
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