A pesar de que pueda resultar útil electoralmente para los partidos más radicales de izquierdas con ministros en el Gobierno puzle de Sánchez, ni es el momento, ni es prioritario, elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en una cantidad escasamente significativa que no va a sacar a nadie de pobre pero que, sin embargo, puede ser suficiente para evitar contrataciones.
Y aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretenda así que la coalición de Podemos e IU se mantenga a flote a pesar de las grietas en el casco, subir 15 euros el SMI sobre los 950 actuales no va a funcionar para mejorar la calidad de vida de los sueldos más bajos, sino como factor que desincentive al empresario que se atreva a contratar en estos momentos. No podemos perder de vista que a la subida neta de ese salario hay que sumarle el impresionante bocado que se lleva la Seguridad Social y otros conceptos públicos que convierten las nóminas en una pesada carga para la mayoría de los empleadores.
El principal problema de nuestro mercado laboral, como todos sabemos, no es el del sueldo sino el de la ínfima calidad del empleo. Las notas dominantes en las contrataciones son la precariedad, la temporalidad y, otro factor no menos importante, el que muchas de las formas contractuales de las diferentes reformas laborales son utilizadas en manifiesto fraude de ley por parte de empresarios sin escrúpulos. La figura del falso autónomo o el eterno encadenamiento de contratos evitando el indefinido son buenos ejemplos de ello.
En un escenario económico incierto, en el que ni tan siquiera hemos llegado a la pospandemia, lo más urgente es animar al empresariado a crear un empleo de mejor calidad que la basura que producimos actualmente, a que se cree también en cantidad y a que se mantenga en el tiempo.
Otro aumento del SMI solo contribuirá a todo lo contrario en una situación y en un país en el que lo más urgente es lograr que el mayor número de trabajadores posible lleve algún salario a casa, por poco que sea.
Tampoco estaría de más que todas las administraciones públicas, empezando por el Gobierno central y por el mismo ministerio de Yolanda Díaz, comenzaran a predicar con el ejemplo. El sector público es el mayor creador de empleo precario y temporal de todo el país; utilizando la interinidad, el ilícito encadenamiento de contratos y otras prácticas propias del mercado laboral "en negro", mantiene a cientos de miles de empleados públicos, durante décadas, en la permanente incertidumbre de si tendrán trabajo mañana.
Un salario mínimo propio de un país desarrollado solo resulta útil cuando se tiene empleo.
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