Sorprende la perseverancia del Gobierno a la hora de no preocuparse de los problemas que tenemos mientras pierde el tiempo legislando sobre estupideces, como es el fútil intento que hace la llamada Ley de Memoria Democrática por reescribir el pasado y conformar un pensamiento de rebaño, incluyendo hasta en la educación infantil la obligación de no cuestionar una interpretación interesada de la historia.
Todo ello cuando, además, el Tribunal Constitucional terminará echando abajo la mayor parte de esta nueva chapuza legislativa de un Ejecutivo empeñado en pagar a sus socios de gobierno con normas sin pies ni cabeza que, lo más que consiguen, es crear algún problema nuevo a sumar a todos los que realmente tenemos y de los que el Gobierno sigue sin ocuparse.
Porque lo que sí parece evidente, objetivo y cierto, es que el gastar otro montón de millones en desenterrar víctimas de la guerra civil, en reparar lo irreparable y en obligar a los españoles a resucitar rencores olvidados o incluso inexistentes para la mayor parte de la población, no parece la mejor forma de solucionar los problemas que sí tenemos.
Bajar el fraudulento precio de la luz que marcan esas empresas eléctricas que son, junto a otro reducido número de corporaciones del Ibex, las que realmente gobiernan España, es uno de esos problemas reales que los españoles sí tenemos. Tampoco es probable que esa ley que hoy aprueba el Consejo de Ministros resulte útil para superar la pandemia, para reducir la insultante pobreza y desigualdad en un país cada vez más injusto, ni que sirva para acabar con el impresionante nivel de corrupción estructural de nuestro sistema político, ni que pueda crear empleo o sacar a la gente de las colas del hambre.
También es improbable que construir una versión del pasado cercana a este nuevo régimen e inculcarla a los jóvenes hasta en la educación escolar para grabarles a fuego rencores por afrentas que no vivieron, sea útil para ese futuro, “resiliente, sostenible, digital y -por supuesto- feminista”, mil veces repetido por tanto mamarracho ante un atril con un micrófono.
Intentar borrar la parte de la historia que no interesa al régimen de turno, pretender que todo el país odie al general Franco o prohibir por ley que se piense de una u otra forma sobre una guerra civil que la mayoría no hemos vivido, no solo es una estupidez sino que vuelve a recordarnos que dentro de demasiados políticos españoles late el corazón de un caudillo.
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