El vicepresidente andaluz, Juan Marín, con su habitual poco acierto, apuntó ayer que eran “negacionistas” la mayoría de aquellos que hoy terminan hospitalizados por haberse contagiado del coronavirus. Al régimen le gusta la tradicional fórmula del Santo Oficio de colocar adjetivos calificativos peyorativos para lograr la satanización de aquellos que dudan de que la actitud del rebaño sea, por definición, la acertada. El libre albedrío y el absolutismo siguen sin entenderse.
Presumiblemente, las administraciones públicas españolas pretenden demonizar a aquellos que, como es mi caso, dudamos de la veracidad de la información que las autoridades están facilitando a los ciudadanos en relación a las vacunas y a todo lo relacionado con el coronavirus.
El hecho de que la respuesta a la pandemia haya quedado en manos de una industria farmacéutica que nunca ha tenido como primer mandamiento la salud de la gente sino el principio de máximo beneficio con el mínimo rendimiento, no ayuda a sembrar confianza.
Menos aún cuando lo de sacar la vacuna al mercado se convirtió en una carrera hasta tal punto de que todas las autoridades públicas sanitarias, incluso la OMS, solo han autorizado estos inventos “con carácter de urgencia” y advirtiendo de posibles efectos secundarios con expreso reconocimiento de que, en algunos casos, pocos, pueden provocar la muerte.
Y para rematar el mensaje para animar a la vacunación, esas misma autoridades hacen una recomendación final ateniéndose a un criterio escasamente científico: las ventajas son mayores que los posibles perjuicios. Tranquilizador.
Cada vez es más común que en estas supuestas democracias que cada día lo son menos, los gobernantes impongan a la ciudadanía domesticada restricciones y privaciones que hace solo un par de años habrían sido, sencillamente, ilegales. No solo hay que pensar en la decisión de hoy de nuestro Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, peor aún es el ejercicio de dictatorial despotismo realizado en Francia por el presidente Emmanuel Macron, al obligar a la vacunación a través de la proliferación de prohibiciones para aquellos franceses que se opongan a ejercer como cobayas.
Es obvio, que España irá en la misma dirección, en la de seguir restringiendo libertades con la coartada de la salud pública y también lo es que los derechos que perdamos jamás los volveremos a recuperar si algún día termina esta pandemia que tanto está contribuyendo al retorno a la Europa absolutista de la primera mitad del pasado siglo.
Y entre todo este cúmulo de medias verdades, de decisiones equivocadas por parte de las administraciones y de dar palos de ciego utilizando a la población como sujetos del experimento, continúa resultado inquietante el empeño que ponen todos los gobernantes occidentales por no ver que China sigue sin padecer nada de esto, mientras su comercio exterior crece más del 20% por trimestre y su PIB más del 7%, sin que parezcan afectados por las nuevas cepas, ni por las sucesivas oleadas de contagios que machacan a las economías occidentales en cuanto empezamos a ponernos en marcha.
Desde luego, teniendo en cuenta que resulta difícil creer que el Gobierno de Pekín haya tenido tiempo para vacunar a sus 1.400 millones de habitantes, habrá que admitir que son gente con mucha suerte.
O tal vez no tienen "negacionistas".
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