La ley de la eutanasia, aprobada esta semana, constituye una de las últimas aventuras legislativas del Gobierno de Pedro Sánchez que, como toda aventura que se precie, tiene el atractivo de asumir un riesgo innecesario por parte de personas que, dotadas habitualmente de escaso sentido común, suelen confundir la imprudencia con el valor.
No obstante, hay que reconocer que en esta nueva mamarrachada legislativa, no está involucrada Irene Montero o, cuando menos, no hay pruebas de su participación.
Porque, como ya se dijo anteriormente en este mismo medio, cuando el Ministerio de Sanidad anunció con alborozo el proyecto de ley orgánica que permitía a enfermos terminales tomar la decisión de poner fin a sus vidas, el problema principal no estaba en dar la opción a aquellos que están sufriendo lo indecible de acabar de una vez y rápido con todo, sino en el amplio y peligrosísimo abanico de opciones que, desde este momento, abre la ley.
Permitir que personas sometidas a penalidades físicas extraordinarias, en la mayoría de los casos bajo los efectos de fuertes medicaciones, decidan con juicio sereno y preclaro que la mejor opción es matarse, no solo es poco realista sino una auténtica barbaridad que esperemos impida el Tribunal Constitucional.
Y si en vez de pensar en el papel que asume el enfermo nos colocamos en el otro lado, en el de los terceros, imaginen las peligrosas alternativas que se abren en los casos -la mayoría, por cierto- en los que estemos ante personas de avanzada edad, enfermas, con un juicio bastante condicionado y con terceros ávidos por heredar. Para matar al abuelo bastará con lograr que se convenza de que es lo mejor para él y para el futuro económicamente tranquilo de sus "amados" descendientes.
Esto sin entrar siquiera en las consecuencias jurídicas que inevitablemente provocan siempre unas leyes sobre otras, a las que, por pura ignorancia legislativa, el Gobierno de Pedro Sánchez nunca atiende hasta que se lo recuerda la Justicia a través de las anulaciones o de las declaraciones de inconstitucionalidad.
Piensen en las aseguradoras, que a estas horas deben estar afilando sus sables para lanzarse a los tribunales. Porque la nueva aventura legislativa equipara la eutanasia con la muerte natural, lo que afecta directamente a los seguros de vida contratados por esos candidatos a matarse, algunos realmente cuantiosos económicamente. Otro problema que no teníamos y que ahora crea esta nueva muestra de ineptitud de nuestro Gobierno.
Aunque ya resulta contradictorio que el Ministerio de Sanidad se dedique a facilitar la muerte de la gente, habida cuenta de que el COVID se está demostrando igualmente eficaz, quizá lo de ponerse a legislar sobre la eutanasia no sea ahora mismo nuestra principal prioridad.
No es el momento de aventuras legislativas, menos aún cuando lo que se pone en juego es la vida de las personas. Además, la gracia está en vivir la aventura, no en morir por ella.
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