Si el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, los españoles somos los únicos que superamos esa marca repitiendo el mismo error hasta que logramos abrirnos la cabeza. De nuevo, el Gobierno está empeñado en legislar en caliente en un tema fundamental solo por mantener su sobreactuada progresía.
Plantearse darle otra movida importante al Código Penal solo porque un joven malcriado ha ido unos meses a la cárcel por una canción en la que insulta a la Familia Real y jalea a diferentes grupos terroristas, es como revisar el diccionario para que el adjetivo “impresionante” pase a escribirse en dos palabras -im presionante- porque así lo dijo Jesulín de Ubrique en la tele.
En este asunto que, como en casi todo lo irrelevante en este país, se ha convertido en cuestión de Estado para un Gobierno que gusta de ocultarse de los grandes problemas tras los pequeños, hay dos partes.
Por un lado está el hecho de que el cantante Pablo Hasél, aun sin ser él mismo consciente de ello, es el producto de todo lo que critica en su “arte”. Otro niñato pijo que se ha encontrado la parte más dura del trabajo hecha, acostumbrado a gozar de derechos que le han regalado, sin responder de las obligaciones que corresponden al ejercicio de esos mismos derechos.
Al igual que en la mayor parte de esas nuevas generaciones, el problema está en la educación recibida -ahí cosechamos lo que llevamos décadas sembrando- y en la ignorancia propia de la juventud, que es totalmente disculpable. Su frivolidad de anarquista de salón es algo de lo que hemos pecado muchos siendo jóvenes. Verán como al muchacho no se le ocurre irse a Teherán a cantar un rap insultando al Islam o al líder de la república iraní. La juventud, por naturaleza, es egoísta y suele tenerle bastante aprecio a su pellejo.
En realidad, puede estar agradecido, siendo un cantante más que mediocre, va a tener unos meses de familla mientras aparezca como represaliado por el “fascismo opresor”. Y eso, entre los simples de este país, vende.
La segunda parte, sin embargo, es la seria. Modificar el Código Penal para que Podemos intente mantener la imagen de partido de izquierdas, provocará problemas de técnica jurídica importantes.
La pretensión del Gobierno de eliminar las penas de cárcel a determinados delitos relacionados con los límites de la libertad de expresión, cuando se cometan en manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, provocará un sinfín de interpretaciones traumáticas y contradictorias de los artículos 490 y siguientes, 510, 522 y siguientes, y 578, entre otros del mencionado Código. Dará lugar a incongruencias jurídicas: realizar públicamente una declaración racista o antisemita sería sancionable, mientras que hacerlo cantando o en una poesía no lo sería.
En definitiva, lo que subyace a esta estúpida polémica es que lo que pretende el Gobierno no es posible: que los límites a la libertad de expresión solo se mantengan para aquellos que no opinen lo mismo que PSOE y Podemos.
Algo que, por cierto, es una de las características básicas del absolutismo.
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