Desde que comenzó la legislatura he observado que Irene Montero es la ministra mejor pagada de todo el Gobierno habida cuenta de que, a los largos permisos por maternidad, suma una escasísima actividad ministerial. No obstante, cuando la chica tiene alguna ocurrencia, resulta carísima. Gracias a Dios, no tiene muchas.
La penúltima que se le conoce fue lo de la "manifa" feminista que se convirtió en la gran fiesta del coronavirus en marzo del pasado año. Y la última es la de su borrador para una futura ley sobre la transexualidad, que es sin duda uno de los temas más preocupantes y urgentes que, en medio de esta pandemia, tenemos los españoles.
El número de contagios, los muertos, la saturación hospitalaria, o el que el país esté en una quiebra técnica, porque lo está, con la mitad de la población de una u otra forma en paro y con la mayor parte de la economía nacional cerrada a cal y canto, se antoja nimio comparado con la perentoria necesidad de que Manolo tenga una crisis de identidad y decida que en su DNI quiere que ponga Manuela.
En no pocas ocasiones me pregunto si somos los ciudadanos los ineptos al no saber elegir o si existe un dios que, desde allá arriba, se está hartando de reír de nosotros.
Porque lo que se avanzado del borrador del texto presentado por esta pija progre a la que le han dado uno de esos ministerios que son para que no moleste, no es ni tan siquiera una estupidez. Es peor. Es un ejercicio de ignorancia de tal tamaño que hasta las organizaciones feministas han puesto sus reparos al ver amenazadas sus cómodas y subvencionadas vidas.
No hace falta ser magistrado del Tribunal Supremo para poner mil objeciones jurídicas a lo de que cualquiera con más de 16 años se vaya al Registro Civil y se cambie el sexo porque sí. Simplemente expresando el deseo de hacerlo.
Y a eso le suman el que ese mismo Registro y la documentación oficial que identifica a cada uno omita la condición sexual si así lo desea el interesado y se reconozca el “derecho” a no sentirse de ningún sexo.
El primero en poner el grito en el cielo ha sido todo ese colectivo, también generosamente subvencionado a golpe de impuestos, que ha convertido la violencia de género en un lucrativo negocio, que podría ahora encontrarse al enemigo tras sus líneas. O peor, quedarse sin enemigo.
Obviamente, las tonterías de la ministra Montero no van a convertirse en ley. En primer lugar porque no pueden pasar el corte del informe jurídico ya que provocaría una inseguridad que va mucho más allá del progresismo de salón de los podemitas y alcanza a un montón de normas de diferentes rangos, empezando por la seguridad ciudadana en lo que respecta a afiliación e identificación.
Eso solo como aperitivo, sin plantearnos siquiera lo que afecta a la faceta europea e internacional de esta majadería de Montero. Y, por supuesto, sin entrar tampoco a discutir cuántas normas podría saltarse o privilegios podría arrogarse cualquier listo/a que jugara a su conveniencia con esa sexualidad “a la carta” del borrador de un texto legal que debería guardarse en el Congreso de los Diputados como alarde de ignorancia y de falta de sentido común.
La pija ministra sale más barata cuidando niños en su casoplón de Galapagar que pensando.
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