La Unión Europea (UE) va a seguir la senda que estamos recorriendo en España y en otros Estados miembros, y parece ahora más proclive a aceptar la división de la sociedad en dos castas, una de sangre azul que se habría puesto la vacuna contra el COVID-19 y otra, de parias, que habrían preferido no hacerlo.
Es el segundo asalto de esa iniciativa oficial para obligar, de facto, a toda la población a vacunarse. Ello a pesar de que la Comisión Europea, al igual que nuestro Gobierno, con su habituales discursos meapilas, insisten en que la vacunación es voluntaria por afectar al ámbito privado del ciudadano. Ya saben, por todo aquello de los derechos fundamentales y las libertades públicas y tal y cual, en que tanto insiste nuestra cada vez más ignorada Constitución.
La forma, en esta ocasión, de que Bruselas y Madrid puedan violar de nuevo derechos de los ciudadanos es algo primitiva, pero es eficaz: se trata de asediar al que no quiera vacunarse a base de prohibiciones. Sin el llamado “pasaporte sanitario” lo público castigará a los que gusta clasificar como “negacionistas”, independientemente de que lo sean o no.
La prohibición de viajar será solo la primera que recortará derechos y libertades de los no vacunados, la nueva clase paria que ampliará a las cada vez más numerosas categorías de desheredados: habitacionales, energéticos, desempleados de por vida, empleados precarizados también de por vida y, ahora, no vacunados.
Después vendrán las demás limitaciones y prohibiciones: la de no poder acceder a un empleo sin “el pasaporte”, a un evento deportivo o lúdico, a lugares donde haya más público. Es posible que los no vacunados, empeñados en hacer uso de su libertad de disentir o de dudar, terminen en los extremos menos atractivos de las terrazas de bares y cafeterías, justo después de la parte que ocupan los extintos fumadores.
Nuestros gobernantes justifican el proceso de deslegalización de las respectivas democracias en el falso argumento de la prevalencia de la salvaguarda de la salud pública colectiva. Coartada que, sin embargo, jamás habría permitido esta misma medida discriminatoria para quienes pudieran padecer otras enfermedades contagiosas o trasmisibles. Solo hay que pensar en cuántos rasgados de vestiduras no se habrían producido si a alguien se le hubiera ocurrido sugerir un “pasaporte sanitario” para los enfermos de Sida.
Y, aparte de que nuestros políticos, en todos los niveles de las administraciones, se hayan acomodado a cometer manifiestas y sucesivas ilegalidades amparados en ese permanente estado de alarma sanitaria capaz de justificarlo todo, el que no tengamos ni puñetera idea de por cuánto tiempo será eficaz la inmunidad que procuran las vacunas, convierte el debate sobre el “pasaporte sanitario” en tan precipitado como el proceso de investigación y fabricación de esas mismas vacunas.
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