Pocos son a estas alturas los que conservan las esperanzas de que la pandemia sea vista también como una oportunidad para reorganizar el mundo en el que vivimos y corregir algunos de los muchos errores cometidos que nos han conducido a una sociedad cada vez más injusta y desigual. Es evidente que eso no va a suceder.
Por el contrario, como indican los acontecimientos, la crisis creada por el COVID está siendo utilizada por la mayor parte de los gobiernos occidentales, incluido el nuestro, para recortar derechos y libertades de forma aleatoria y, en no pocas ocasiones, caprichosa.
El que el nivel de negociación bursátil se haya casi duplicado desde que comenzó la pandemia, creciendo de volumen a igual velocidad que se incrementaba la pobreza, es más que indiciario de que no solo no vamos a salir de esta con un mundo sin buitres, sino que la emergencia sanitaria parece incluso haber servido de caldo de cultivo para el nacimiento de muchos más. O bien son los mismos con más apetito.
Históricamente el poder siempre se ha acomodado con facilidad al despotismo y a la injusticia en aras a mantener “el orden” establecido.
El abuso del estado de alarma, la indeterminación en los recortes de derechos y libertades, que ya pueden ser ordenados casi por cualquier administración, junto a la maximización de la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado principalmente para eso, para proteger la seguridad del Estado, postergando el servicio al ciudadano como principal objetivo, hacen del COVID-19 un ejemplar puro de ese “virus chino” del que tanto hablaba el vociferante Donald Trump: la representación occidental de la distopía que practica el Gobierno de Pekín.
El último capítulo de los excesos de inconstitucionalidad a los que ya nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes con la coartada de la emergencia sanitaria, lo escribió ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al advertir de que habrá “listas" en las que estarán todos aquellos que se nieguen a la “vacunación voluntaria”.
Después vendrán las prohibiciones, que irán ahogando socialmente a quienes aparezcan en esa "lista negra", que también serán enviadas a Europa, como explicó el propio ministro.
No hace tanto tiempo que otro país europeo utilizó el mismo sistema para marcar a determinados ciudadanos con el fin de que pudieran ser identificados por las autoridades, cosiéndoles una estrella de David amarilla sobre la ropa.
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