Soluciones peregrinas es lo que con más frecuencia se está oyendo y leyendo en los medios de comunicación estos días a raíz del desahucio de la anciana que vivía junto al parque del Retiro de Madrid.
Sumar, fiel a su tradición, ha propuesto una estupidez que, además, es inconstitucional, expropiar el inmueble a su legítimo propietario porque sí, saltándose el artículo 33 de la Constitución que solo admite la expropiación en casos de utilidad pública o interés social y siempre indemnizando al expropiado. El legítimo desahucio de un inquilino, nos guste o no, no puede considerarse cubierto por ninguna de estas dos causas.
Por su parte Junts propone algo aún más peregrino: prohibir a los fondos buitre comprar viviendas y ejecutar desahucios. Es curioso que esta mamarrachada, propia de la izquierda infantiloide de Podemos o Sumar, la proponga un partido de derechas catalán que, aparte del secesionismo, tiene una agenda neocapitalista tan radical que coloca la del PP a la izquierda.
Evidentemente no hace falta ser magistrado del Tribunal Supremo para saber que esta propuesta también es inconstitucional, ilegal y, por encima de todo, estúpida. Pretender limitar o impedir la libre actuación de determinado sujeto económico que opera legalmente en el mercado solo porque no te guste su forma de hacer negocios no merece ni comentario. Es cierto que queda muy progre lo de oponerse a los "fondos buitre" pero, ¿cuáles lo son?, ¿a quién corresponde clasificarlos?, ¿dónde está el límite legal del lucro o de la especulación? En ningún sitio, ambos son ilimitados mientras se ajusten a la ley. Nos basta con ver los beneficios anuales que arrojan las principales empresas del Ibex. Bancos, petroleras, eléctricas o empresas de alimentación presentan unos resultados que resultan manifiestamente inmorales de cara a esa amplia ciudadanía que cada vez lo tiene más difícil para pagar unos servicios, estos sí de utilidad pública, a los precios impuestos por un mercado que en realidad no es libre sino que funciona en régimen de oligopolio. Sin embargo, la inmoralidad es legal: Más aún es aplaudida por una sociedad confundida que asimila éxito a beneficio económico sin importar el cómo.
El real decreto sobre vivienda que prepara el Gobierno tampoco servirá para solucionar el problema. De hecho es muy probable que no exista esa solución, al menos no esa receta mágica que arregle en semanas tántas décadas de errores.
Solo con un programa de construcción de vivienda pública de una envergadura muy superior al realizado por el general Franco -construyó unas 3,5 millones de viviendas protegidas- lograríamos ir enfriando los precios del mercado al reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ese proceso, obviamente, necesita muchos años de ejecución y un pacto de Estado que no haga que cada cambio de Gobierno suponga un parón del programa. Austria, el país de la UE más avanzado en la materia tiene un parque público de 1 millón de viviendas que ha tardado más de un siglo en construir. Teniendo en cuenta que ese país tiene más o menos, 9,3 millones de habitantes y que en España, con casi 50 millones, hay 318.000 viviendas protegidas, está claro que nos queda un camino bastante largo para resolver un problema que no se va a solucionar con más tontos del culo ofreciendo recetas de "Antoñita la Fantástica".
Además, ni tan siquiera construyendo a toda velocidad y reduciendo en alguna década el plazo de ejecución del programa se solucionaría el problema. Tendría que ir acompañado de medidas para incentivar la contención de precios y otras para facilitar el acceso de compradores e inquilinos al parque inmobiliario ocioso, que no es en absoluto desdeñable.
Y aún haciendo las cosas muy bien hasta el punto del lograr frenar o reducir los precios, o que los ingresos de los ciudadanos aumentaran hasta el nivel de la realidad económica española, nos encontraríamos con el problema de estar haciendo pinchar uno de los principales sectores económicos nacionales. Imaginen qué pasaría si todos esos ciudadanos que han comprando sus casas a un precio disparatado se encuentran dentro de una década con que sus inversiones han perdido gran parte de su valor porque, a diferencia de 2008, nosotros mismos hemos pinchado el globo voluntariamente.
Solucionar el tema de la vivienda sin crear un problema aún mayor es un trabajo de bisturí, no de sable. Necesitamos a gente que sepa lo que está haciendo no a una panda de mamarrachos diciendo chorradas por televisión para intentar conseguir un voto.
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