Resulta una ironía trágica lo de ponerse a aprobar la ley de la eutanasia cuando cadáveres es una de las pocas cosas que sobra ahora mismo en este país. Aparte de la inoportunidad del empecinamiento del Gobierno por facilitarle a la gente que se mate, el tema tiene también algunas preocupantes conexiones colaterales que no se deben perder de vista.
Dejando aparte los aspectos éticos, morales y religiosos que tiene el hecho de que el Estado trace un plan para facilitar que personas con enfermedades o padecimientos graves puedan quitarse la vida, hay que considerar que, cuando el texto legal pone como condición que el enfermo que quiera matarse debe estar padeciendo un sufrimiento “físico o psíquico constante e intolerable”, surge la duda de cómo o quién medirá la “intolerancia”. El dolor que para una persona es intolerable puede ser perfectamente llevadero para otra.
Luego está la no menos preocupante “opción B” para poder matarte, la de “padecer una dolencia crónica e invalidante que incida directamente sobre su autonomía física, de expresión y relación”. Parece que, en este caso, ya no es necesario una enfermedad grave que suponga ese indeterminado sufrimiento “intolerable”.
Tener una dolencia que invalide afectando a la autonomía personal permitirá al interesado quitarse la vida de acuerdo con la ley. Supuesto este en el que podemos encajar a la inmensa mayoría de los ancianos de este país.
Y eso nos lleva a otro aspecto a tener en cuenta: el hecho de que el Gobierno no se haya percatado de que está abriendo la vía para empujar al abuelo a autoquitarse de en medio.
Todo ello en un preocupante entorno económico, en una España donde la sanidad se está privatizando a marchas forzadas gracias a que, tanto los gobiernos del PSOE como del PP, llevan ya casi dos décadas vendiendo los servicios esenciales y de interés general a bancos, fondos buitre y demás especuladores.
Teniendo en cuenta que los empresarios de la sanidad no actúan movidos por el juramento hipocrático sino por la ley del máximo beneficio con la mínima inversión, poder librarse de los enfermos más caros, la mayoría suelen ser personas mayores, convierte esa futura ley de la eutanasia en una eficaz herramienta empresarial. Un arma de doble uso en definitiva.
Lo que no está claro es si el Gobierno no es consciente de la puerta que está abriendo o si precisamente la abre porque lo es.
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