El vicepresidente Pablo Iglesias insiste en fingir que pretende hacer realidad el imposible objetivo de Podemos de impedir los desahucios de aquellos españoles que viven más en precario. En realidad, Iglesias solo aspira a trasmitir la sensación de que, aun siendo parte de “la casta”, se puede mirar de vez en cuando hacia la plebe.
Porque, como pasa con todo, el problema de los desahucios es mucho más complejo y, desde luego, no va a solucionarse utilizando la ley para parchear el casco del Titanic.
Este problema comienza incluso antes del recurrente error de todos los gobiernos desde Felipe González de privatizar bienes y derechos esenciales para la supervivencia de las personas y, al igual que se hizo con la electricidad, el gas, las gasolinas o el agua, convertir la vivienda en un bien especulativo concentrada en pocas manos, solo ha complicado todavía más lo que ya era un problema heredado.
Como en tantos otros asuntos, todos los ejecutivos que ha tenido este país son esencialmente inconstitucionales por cuanto no cumplen los mandatos de la Carta Magna; el derecho a una vivienda digna recogido en el art. 47 no iba a ser la excepción.
Al convertir el ladrillo en un valor financiero sujeto a los caprichos de “los mercados”, y obligar a la inmensa mayoría de los ciudadanos a convertirse en rehenes de nuestra parasitaria banca para poder acceder a una vivienda, los precios inmobiliarios se han disparado muy por encima de la capacidad económica real de la mayoría de los españoles.
Con sueldos miserables y contratos basura, gran parte de la población vive para pagar la hipoteca/alquiler y poco más. Muchos de ellos para nada más. Si a eso sumamos que banca y fondos buitre, aprovechando su posición dominante en la relación contractual, exprimen a los hipotecados hasta el punto de la extenuación financiera, el más mínimo traspié económico en una familia provoca el total hundimiento. Una quiebra a la que contribuyen eficazmente los acreedores, cargando al que no puede pagar con el inmoral castigo de las comisiones y los intereses leoninos de demora.
Pero prohibir los desahucios, no es, ni mucho menos, la alternativa.
Lo que pretende vender Pablo Iglesias a sus votantes no solo es inconstitucional, extremo que tampoco importa demasiado habida cuenta de que nadie hace ni puñetero caso a la Constitución, sino que llevaría a la pobreza a otro montón de españoles.
Abrir en España la puerta a que el que no pueda pagar, no lo haga, supondría la automática insolvencia del sistema económico y financiero español, empezando por la misma banca, que no podría hacer frente a sus propias obligaciones de pago.
Hay que reconocer que lo de llevar a la quiebra a un banco en este país, seduce, pero sería peor el remedio que la enfermedad.
La mayor parte de la propiedad inmobiliaria en España no pertenece a bancos ni a fondos buitre sino a la menguante clase media, y buena parte de los propietarios lo son por riqueza heredada. Es cierto, la radiografía económica de nuestro país no ha cambiado demasiado desde los tiempos de Franco.
Una legislación antidesahucios elaborada en plan podemita, esto es de manera ignorante, irracional e irresponsable, haría caer a velocidad de vértigo el valor de la propiedad inmobiliaria, provocando otro destrozo en el ya machacado PIB.
Acabar con el problema de la especulación con la vivienda ha de hacerse a través de un proceso largo y, sobre todo, tan sutil que sea indoloro, y comienza antes por pagar salarios dignos que por abrir la barra libre del impago de hipotecas y alquileres.
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