Conviene no perder de vista que han sido muchas las veces a lo largo de la historia que el poder político utiliza un momento o situación excepcional para colarle al ciudadano lo que ni la sociedad, ni la ley, toleraría en circunstancias normales.
Precisamente por eso los españoles debemos estar especialmente vigilantes ante las tentaciones despóticas que apuntan tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como los principales partidos de la oposición que, con su silencio, se convierten en colaboradores necesarios de esos excesos que el poder va cometiendo en pequeñas dosis, tirando la piedra y escondiendo la mano para ver hasta dónde soporta la sociedad.
La aplicación “Radar COVID”, que de forma tan irreflexiva e irresponsable la Junta ha puesto en marcha ya en Andalucía, y a la que el presidente Pedro Sánchez anima a sumarse a todos los españoles, es buen ejemplo de ello.
De constitucionalidad más que cuestionable por tratarse de una manifiesta violación de la privacidad, la simple reiteración acerca de las virtudes y el respeto a la intimidad de este software por parte de aquellos que desde el poder animan a su uso generalizado, invita a sospechar que lo de monitorizar abiertamente la vida de todos los ciudadanos utilizando el big data, ha venido para quedarse.
Como ya hemos dicho anteriormente, piensen en cuántos rasgados de vestiduras no se producirían si se planteara un aplicación “Radar SIDA”.
Por otro lado, en muchos lugares se instalan cámaras que miden de modo autónomo la temperatura corporal y que no necesitarán más que otros programas para convertirse en herramientas de reconocimiento facial cuando sea necesario.
Paralelamente, acuciados por la emergencia de la situación, hay jueces y fiscales que parecen haberse olvidado de que no se les paga por apoyar los planes antipandemia de ninguna administración, sino por vigilar que se cumple la ley.
El hecho de que hasta simples alcaldes estén tomando medidas que restringen derechos, no solo fundamentales, está provocando una fractura en la Judicatura entre los jueces más comprometidos con que se cumplan las normas y los que parecen más propensos a ser flexibles en la interpretación de las mismas habida cuenta de la excepcionalidad de las circunstancias.
Esta segunda opción, aunque más práctica, resulta mucho más peligrosa si atendemos a la mediocridad y evidentes maneras absolutistas de nuestra clase política.
Aunque quizá sea un titular publicado esta mañana por el servicio de prensa de la Policía Nacional el que mejor defina la peligrosa deriva que está tomando el poder: “La Policía Nacional detiene a un negacionista de la covid-19 por incitación al odio y a la violencia a través de las redes sociales”.
Es cierto que los mensajes que le han intervenido al detenido asustan a cualquiera, pero que nuestras propias fuerzas del orden califiquen a los ciudadanos por estar o no conformes con la versión oficial, además de no constituir delito -todavía-, apunta a un léxico que criminaliza a aquellos que no están de acuerdo con esa versión oficial, que pasan a convertirse en disidentes.
La tendencia ciudadana a admitir que, con la coartada de la pandemia, el poder público vaya dando pequeños mordiscos a nuestros derechos y libertades, terminará convirtiéndose en una realidad definitiva aceptada tácitamente por nuestra habitual docilidad de rebaño.
Comentarios potenciados por CComment