La “cartilla covid-19” anunciada esta mañana por la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es probablemente la última de todas esas medidas precipitadas que otro político timorato toma pensando en evitar posibles críticas de inacción o de lentitud, aunque sea a coste de saltarse la legalidad.
Porque es obvio que lo de instaurar una especie de pasaporte para clasificar a la gente según haya padecido la enfermedad o no, es manifiestamente inconstitucional por ser claramente discriminatorio, un atropello a la intimidad y, sobre todo, otro innecesario alarde de estupidez que habrá acongojado a todos aquellos madrileños con sentido común que se habrán vuelto a hacer la pregunta más frecuente que nos hacemos todos los españoles: ¿tan ineptos somos a la hora de votar como para elegir a tanto inepto?
Los científicos que a lo largo del día se han pronunciado sobre esta majadería de Ayuso, han intentado desanimar al Gobierno autonómico madrileño de poner en marcha una iniciativa que es tan ilegal como inútil. Es cierto que han evitado llevarse las manos a la cabeza ante las cámaras, pero sí lo han hecho dialécticamente al pedir a la presidenta autonómica que reflexione sobre los nefastos resultados que tendrá, solo a nivel sanitario, el que los ciudadanos con ese pasaporte olviden toda precaución amparados en una inmunidad que no está demostrada.
Además, a la manifiesta ilegalidad de esa “cartilla covid-19”, se suma la aún más manifiesta incorrección política que destila. Y eso para todos nuestros políticos meapilas sí es algo bastante más serio que la Constitución.
Ningún representante público ha sugerido jamás un “pasaporte sida”, que coloque a quienes no lo padecen en esa especie de estatus social de gracia, mientras se condena a la postergación a quienes han dado positivo a la inmunodeficiencia.
Imaginen el rasgado de camisas ante tamaña afrenta y discriminación de todos esos colectivos con tantas siglas definitorias de variedades sexuales inabarcables . Seguro que lapidaban a la presidenta autonómica en la siguiente convocatoria del orgullo gay.
Y ya puestos, se pueden hacer pasaportes de las diferentes enfermedades para “desigualizar” aún más a la gente y poder marginar con más facilidad y con más motivos, sin tener que limitarnos únicamente a abandonar en el arcén a los pobres.
Todas estas sandeces realizadas por personas con responsabilidades públicas invitan a plantearnos que, si para conducir un coche hace falta superar unos exámenes psicológicos, de conocimiento y de aptitud, parece aún más lógico que se tengan que demostrar unas mínimas capacidades para presentarse a unas elecciones y dedicarse a la política. Un especie de “pasaporte político”.
Probablemente sería igualmente inconstitucional pero, sin duda, también sería más útil.
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