Lo que el vicepresidente Pablo Iglesias no nos ha comentado sobre su recién estrenado Ingreso Mínimo Vital es cómo vamos a pagarlo. No obstante, era obvio que no íbamos a tardar en enterarnos y casi simultáneamente a su aprobación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos lo dejaba claro al guardar silencio cuando le preguntaron si pensaba subir los impuestos.
Aunque intentemos no verlo, todos tenemos claro que los ataques de generosidad poscoronavirus de Pedro Sánchez los vamos a pagar las cada vez más diezmadas clases medias. De hecho ya hemos empezado a hacerlo vía impuestos.
La actual obligación de llevar mascarilla no ha llevado al Gobierno a reducir el iva del 21% a pesar de que todos los ministros se pasan el día repitiéndonos que no van a dejar a nadie atrás. Aquí hay que reconocer que los lectores de revistas pornográficas siguen siendo los fiscalmente privilegiados, con su iva del 4% en este tipo de publicaciones. Una pena que no puedan hacerse mascarillas con papel de revistas pornográficas.
Y esta mañana, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, nos ha anunciado que el Gobierno “progresista” retoma el camino de las concesiones de servicios e infraestructuras públicas que tanto gustaba al PP y que supone pasarle al ciudadano la factura a través de privatizar lo público.
Fue esa mecánica perversa de las concesiones a las grandes empresas de obra civil, abandonada hace unos 8 años, lo que convirtió la financiación de los partidos políticos en el perfecto caldo de cultivo de la corrupción.
De hecho muchas de esas grandes constructoras, algunas de ellas miembros del selecto club del Ibex, diversificaron su actividad cuando vieron que se acababa el chollo de la construcción de infraestructuras públicas. Trágico y reciente ejemplo han sido muchas residencias de mayores, en las que el Covid-19 ha campado a sus anchas.
El problema del método de concesiones anunciado por todos estos progresistas que tanto abjuran de las privatizaciones es que, justamente, supone que esas infraestructuras públicas quedan sometidas a un precio, una tarifa, a pagar por el ciudadano, caso de las autopistas de peaje. Sin olvidar que cuando económicamente no resultan rentables para esas empresas, le pasan la deuda al Estado para que los pringados de siempre les paguemos el desaguisado. Recuerden que hace bien poco, este truco de trileros le costó al contribuyente 5.000 millones de euros a cambio de quedarnos con las carreteras privadas más ruinosas.
Lo del Ingreso Mínimo, como era previsible, no es nada más que otro engañabobos con el que el Gobierno “progresista” pretende comprar intención de voto pasándole el cargo a esa anoréxica clase media a la que siempre le toca pagar la factura independientemente de quien viva en La Moncloa.
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