Si los bandazos del Gobierno en la lucha contra el coronavirus son disculpables por la “presunción de inocencia” que concede el hecho de que nos enfrentamos por primera vez a una situación así, algunas de las medidas que se están tomando y que afectan de lleno a la economía, resultan bastante precipitadas y, en determinados casos, poco coherentes.
De las más destacadas, sin duda, la del “permiso retribuido” a todos los empleados no esenciales del país, que habrá de pagar un empresariado al que nadie le ha preguntado nada.
El asunto comenzó mal ya que el Consejo de Ministros tuvo que corregir otro de los atropellados anuncios de Pedro Sánchez, que había informado del cese de toda actividad a partir de hoy lunes.
Probablemente, al rato, alguien se paró a pensar y apuntó a que la mayor parte de las actividades económicas no se pueden detener apretando un botón; lo que obligó al Real Decreto a dar un margen de 24 horas más para poder hacer efectivo el cese.
Después, la cansina ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se limitó en la rueda de prensa posterior a la decisión del Gobierno, a repetir hasta la saciedad lo de “trabajadores y trabajadoras”, como si el alarde de ignorancia que hacía a la hora de diferenciar una y otra vez por género -alguien debería recomendarle que echara un vistazo a lo que dice la Real Academia de la Lengua al respecto-, dieran carta de naturaleza o dotaran de sentido común a ese parón de prácticamente toda la economía nacional, cargando su coste, porque sí, sobre las espaldas del empresario.
Ello sin considerar que, tal vez, el empresario no quiera o no pueda recibir esa compensación en horas de trabajo cuando al Gobierno le dé la gana, o tal vez muchas de esas pymes que conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial español no tengan liquidez para pagar sin vender, o pueden ser empleos estacionales en los que no cabe una componenda que, como muchas que hace este Gobierno, parecen ocurrencias irreflexivas para gobernar en un país que no es este.
Es seguro que había que parar toda actividad lo máximo posible para poder controlar esta última epidemia que, de nuevo, nos viene importada de China; sin embargo era más lógico preguntar antes a los interesados los pros y contras de esta alternativa.
Y reflexionar, de paso, sobre la letalidad de ambos virus, el Covid-19 y la pobreza.
Es curioso que esas ocurrencias de nuestro Gobierno desde que ha empezado esta situación, nunca se han decantado por obligar a servicios esenciales básicos privatizados, como electricidad, combustibles o agua, a bajar los precios para ayudar a una ciudadanía que no puede trabajar.
Aún menos, por supuesto, la ocurrencia ha sido la de exigir a los bancos rebajas de sus precios o facilidades de verdad para sus clientes. No un retraso para pagar mañana lo que no puedo pagar hoy, sino el arrimar el hombro y correr con gastos, que es lo que el Gobierno sí le está exigiendo a los pequeños y medianos empresarios, obligados a mantener plantillas improductivas de trabajadores.
Y trabajadoras, puestos a pecar de incultos.
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