No deja de sorprender la constante necesidad que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de crear polémicas artificiales para evitar enfrentarse a las consecuencias de los múltiples errores que va cometiendo y que están convirtiendo en interminable la actual legislatura. Esta semana nos toca la estupidez sobre si a la embarazada hay o no que informarla para que decida si quiere abortar.
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), está saliendo más en la tele que Chanel durante la semana de Eurovisión, gracias a la torpeza a la hora de explicar ese protocolo que pretenden aplicar para que la mujer que se plantee interrumpir su embarazo sea informada, si es que desea ser informada al respecto.
Por supuesto, automáticamente se ha producido el habitual rasgado de vestiduras entre las filas de un Gobierno que prefiere polemizar sobre idioteces antes que enfrentarse a problemas reales, como el nivel de deuda pública del que advierte hoy el Banco de España y que se supera ya la cifra récord del billón y medio de euros.
Es lo que tiene lo de hacer campaña electoral comprando votos a golpe de pagas y de subvenciones a fondo perdido, que la factura, más los intereses, la termina pagando el mismo al que se le ofrece ese dinero.
Además, la ficticia polémica es totalmente gratuita y solo sirve para aburrir aún más a una ciudadanía que lleva años aburrida de las sandeces de los políticos.
En primer lugar, el vicepresidente castellano-leonés no tiene razón: si ese protocolo pretende informar a la mujer que pretenda abortar desde una perspectiva antiabortista para intentar convencerla de que desista, estará incumpliendo la ley estatal y, por tanto, sí habrá un conflicto de competencias.
Pero, en segundo lugar, el Gobierno pretende ignorar que esa norma está pendiente de un recurso en el Constitucional y, aunque el PSOE haya puesto en este tribunal una mayoría de magistrados ideológicamente sometidos, aún no se han pronunciado.
Y ya de paso, yo recomendaría a los dos ejecutivos, nacional y autonómico, a darle un repaso a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial del pasado 9 de diciembre, aprobado definitivamente el 23 del mismo mes, en lo que se refiere tanto a las dudas legales que plantea el que las menores de edad puedan decidir sin tutela alguna sobre interrumpir su embarazo, como lo referente al derecho a ser informada acerca del asunto de tal modo que "la información, para ser adecuada, completa y suficiente, no debe estar orientada exclusivamente a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también a la protección de la maternidad (sin introducir consideraciones éticas ni religiosas); y, desde luego, no ha de articularse de modo que restrinja la efectividad del derecho", dicen textualmente los magistrados.
Aunque el consejo de los expertos no es vinculante para el Gobierno, a tenor de anteriores experiencias legislativas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, parece más aconsejable escuchar a quienes entienden de esto antes de volver a cometer la misma torpeza.
Con estos antecedentes, lo más lógico sería que ambas partes se quedasen quietecitas y aparcar la inexistente polémica hasta que el Constitucional se pronuncie. Pero bueno, eso sería lo más lógico y sugerírselo a políticos de este país resulta estúpido por mi parte.
Comentarios potenciados por CComment