Como siempre sucede cuando alguien cede a un chantaje, nunca es un único pago. El chantajista siempre vuelve a por más; se le ha advertido mil veces, incluso desde las filas de su propio partido, al presidente del Gobierno. Al despejarles penalmente el camino, los secesionistas catalanes no han tardado ni un día en plantear otro referéndum inconstitucional de autodeterminación.
Sin embargo, ha sido aún más sorprendente que el Gobierno socialista, en otra manifiesta muestra de debilidad, haya respondido al envite de sus socios independentistas utilizando la semántica para dar su placet tácito a la repetición de esa manifiesta ilegalidad. Porque aunque varios ministros ha salido esta mañana en televisión negando cualquier posibilidad de celebrar ese referéndum, el exministro y candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, sí ha ofrecido a los secesionistas la celebración de una “consulta”, sin aclarar a qué se refería, qué se iba a consultar ni que validez tendría.
Lo que sí resulta evidente es que jugar con las palabras para que el propio Gobierno dé el visto bueno a la comisión de un delito evitando pronunciar la palabra "referéndum", otorga a esos partidos catalanes que insisten en violar la Constitución una legitimidad fáctica en sus argumentos y en su objetivo de fracturar el territorio nacional.
Pero es más preocupante que, en esa necesidad patológica que tiene Pedro Sánchez por mantenerse en el poder, se haya mostrado tan diligente para cometer sucesivos fraudes de ley en solo un par de semanas para despejar el camino a los secesionistas a pesar de la inconstitucionalidad de la meta que pretenden alcanzar.
Y mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vociferaba hoy en los pasillos del Congreso que con un Gobierno socialista jamás se celebraría ese referéndum ilegal, los votantes recordamos que fue este Gobierno socialista el que prometió que nunca recabaría el apoyo de Bildu y fue este presidente el que no podría dormir si gobernara con Podemos.
Pedro Sánchez se acerca peligrosamente a ese límite constitucional que obliga a otras instituciones del Estado a intervenir para defender la legalidad y la integridad del territorio nacional.
Utilizar el poder legítimo para cometer ilegalidades convierte ese poder en ilegítimo y al gobernante en un tirano.
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