Un enemigo fácil

Tiene gracia que el Gobierno “progre” esté perdiendo el culo para formar una comisión “independiente” que lleve al Congreso los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia ante la presentación de algo más de 50.000 firmas y que, sin embargo, la iniciativa de un jubilado para acabar con la exclusión bancaria, que esta tarde contaba con casi 600.000 firmas, no haya merecido la mínima consideración por parte de esos mismos “progres”.

Es cierto que la vicepresidenta Nadia Calviño se reunió con los representantes de la parasitaria banca española para invitarles a presentar un plan con el objetivo de paliar el problema, pero ni hablar de imponer obligaciones a los grandes bancos y, aún menos, de llevar el asunto al Congreso.

Todavía no comprendo por qué no se presentan a las elecciones los consejeros delegados de la media docena de grandes bancos españoles y nos saltamos a los políticos. Ahorraríamos una pasta.

Es cierto que la Iglesia, la católica, es un enemigo fácil: ni combate ni responde al fuego ni, desde luego, contraataca. Además, entre los que fingen progresía, tiene mucho tirón lo de meterse con curas y obispos.

No soy una persona religiosa, pero me gustaría ver ese mismo espíritu inquisitorial frente a otras instituciones del mismo tipo, empezando por las mezquitas, muchas de ellas pagadas con nuestro dinero y que, como demuestran los hechos, se han convertido en una eficaz máquina para fabricar terroristas. Los barceloneses fueron víctimas de esa política oficial en agosto de 2017.

Y ya sin apelar siquiera al sentido común de nuestra lamentable clase política, existen cuestiones técnicas que afectan a esta última iniciativa “progre” contra la Iglesia.

El primer aspecto es que la mayor parte de los supuestos abusos ahora denunciados ha prescrito a pesar de la aprobación de la llamada “ley Rhodes”, que amplía este plazo en los delitos contra la infancia.

Por otro lado, de ser aún perseguibles, ninguna comisión ordenada por el Gobierno ni por el Congreso es competente para investigar nada. Son las víctimas de los delitos o, en su caso, la Fiscalía, los únicos que pueden iniciar el proceso ante los tribunales de Justicia, que son también los únicos competentes para investigarlos, juzgarlos, sentenciarlos e imponer condenas si procediera.

Como en tantas otras iniciativas de este Gobierno, aquí no se persiguen los abusos a menores sino únicamente los cometidos en el seno de la Iglesia Católica, los demás casos se obvian y las víctimas de los mismos, no importan.

Se trata de seguir socavando a una institución que, con sus innegables sombras y también innegables luces, aún no ha sucumbido al despotismo "progresista" de esa izquierda que, incluso estando hoy formada mayoritariamente por jóvenes, ha nacido tan rancia como la España de Franco.

Quizá si hubieran puesto tanto empeño en investigar también a otras religiones un buen puñado de gente inocente seguiría hoy viva.