Quizá sea por razones históricas que, cuando llega al poder, la izquierda política siempre ha utilizado la capacidad de legislar como un arma represiva, una herramienta para prohibir y penalizar manifestaciones públicas de ciudadanos que puedan apuntar algún tipo de discrepancia con la línea establecida por el poder constituido.
El Gobierno formado por PSOE y Podemos está haciendo uso intensivo de la ley para imponer una línea ideológica uniforme, sin disensión, a golpe de represión. Educación, idioma, creencias religiosas, sentido de nación, sexo y hasta la interpretación de la historia se imponen vía normativa; y cuestionar la verdad oficial se sanciona incluso con penas de privación de libertad.
Es cierto que, en el mundo de hoy y tras la desaparición del bloque soviético, quizá sea el partido comunista chino el más avanzado a la hora de imponer su realidad incuestionable a través de las normas, pero hemos de reconocer que PSOE y Podemos se han convertido en alumnos aventajados de este modelo que permite al ciudadano disfrutar de la libertad oficial en democracias enjauladas.
En esa línea está el llamado Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 del que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha lanzado un globo sonda para ver cómo responde la sociedad y, como en otras ocasiones, retirar la patita si empieza a escuchar ruido de sables.
La propuesta de Darias es más que intrusiva y, si algunos aspectos no cambian en la tramitación, acabará, como tantas otras veces, en el Constitucional. Pretender prohibir fumar en un espacio privado como es el coche es más que cuestionable si no es el conductor quien lo hace.
Prohibir también hacerlo en espacios públicos y abiertos es algo cuya legalidad habrá que estudiar cuando se disponga de un texto definitivo.
Sancionar al fumador subiendo aún más los precios del tabaco a base de impuestos e imponiendo todo tipo de prohibiciones para desincentivar su consumo es algo a lo que no podemos oponernos los que somos fumadores.
Pero sí podemos reclamar el mismo trato legal y fiscal para otros muchos productos perjudiciales para la salud: la sal, el azúcar, los refrescos, las bebidas isotónicas, la bollería industrial, las carnes rojas a las que tanta manía tiene el ministro de Consumo, el atún por eso de que si tiene mercurio o algo así, los videojuegos, las redes sociales, especialmente para los menores, y hasta los juegos de azar, empezando por los patrocinados por el Estado, que es el principal inductor y beneficiario de la ludopatía de muchos ciudadanos.
De hecho se deberían prohibir antes los vehículos que utilizan combustibles fósiles, cuyos gases no matan en años sino en minutos. Prueben a encerrarse en algún sitio con el motor en marcha y verán lo que duran.
En mi caso soy culpable de ser fumador pero inocente de tener coche y, a pesar de todo, me tengo que comer los humos de esos trastos y también los malos humos de muchos de los conductores. Sin embargo, tengo el sentido común suficiente para entender que no puedo exigir algo tan disparatado, a pesar de que sea objetivamente cierto y justo.
Vivimos en comunidad y estamos condenados a convivir, la línea seguida por socialistas y podemitas de convertir al ciudadano en un gruñón intransigente que debe señalar y discriminar a todo aquel que dé la más mínima muestra de libre albedrío, nos hace cada día menos libres en un país, también cada día, menos democrático.
Como tantas otras cosas, el tabaco es malo para la salud pero forma parte de la libertad del ser humano decidir cómo va a vivir. Hay muchas fórmulas para organizar que nuestros hábitos no molesten o perjudiquen a otros sin que sea necesario prohibirlo todo y condenar a la gente a vivir únicamente la libertad oficial.
También es cierto que, al igual que los accidentes de tráfico y que muchas enfermedades adquiridas por hábitos poco saludables, el tabaco crea enfermos caros, por eso está cargado con un 79% de impuestos, para que sean los fumadores los que paguemos la factura.
Cuestión diferente es si esa persecución del tabaco, más que ver con la preocupación soviética de nuestro Gobierno por la salud, está relacionada con el creciente, e imparable al parecer, proceso de privatización de la sanidad pública. Los fondos buitre que están dándole dentelladas a esa tarta y abriendo hospitales y clínicas privadas por toda España, no quieren enfermos caros, que son los que no se mueren rápido.
Quizá, al final, ni tan siquiera la "libertad oficial" de PSOE y Podemos sea ideológica y, como en tantas otras cosas en este país, se trate simplemente de una cuestión de pasta.
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