Derecho a fumar

Como ya anticipé en este mismo espacio, era previsible que, aprovechando que la pandemia está excusando decenas de abusos de poder y abiertas muestras de represión inconstitucional por parte de las administraciones publicas, el catálogo de excesos aumentara antes de que se produzca una también previsible explosión social.

En consecuencia, el candidato/ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aprovechado la coyuntura para fijarse como primer objetivo del año, estrechar el cerco a los fumadores, sumando nuevos aumentos de los precios del tabaco así como más restricciones que estigmaticen aún más a quienes tenemos el insano hábito de fumar.

El problema de fondo es que, como también era previsible, el castigar a los fumadores por serlo a base de normas punitivas no ha producido el efecto deseado y no ha logrado reducir el número de ciudadanos que fuman.

Como fumador reivindico mi derecho a fumar, asumiendo el riesgo sanitario, que pagamos a través de una fiscalidad leonina sobre las labores del tabaco, y en entornos legalmente habilitados donde no se moleste a quienes no fuman.

Es por ello que lo más coherente habría sido separar las zonas o bien que cada local decida si es para fumadores o no. El Gobierno descarta ambas opciones por la sencilla razón de que teme el resultado porque, guste o no, lo fumadores solemos ser los grandes consumidores de ocio.

Resulta lógico, no obstante, que quienes no fuman no tienen por qué soportar los humos de los que sí lo hacen. A pesar de que no se aplique con igual rigor esa norma a quienes han convertido nuestras calles en cagaderos para sus perritos o a todos los conductores que envenenan, con el CO2 que emiten sus coches, a los peatones que hemos renunciado al vehículo por ser primitivo, sucio, caro y el medio de transporte más estúpido que existe -calculen la relación carga trasladada en relación al peso de la máquina que la traslada-.

Eso sin entrar en otras restricciones que podrían aplicarse para discriminar a grupos ciudadanos: los que no tenemos niños podríamos reclamar espacios libres de los mismos por resultarnos molestos y ruidosos. O bien excluir a esas personas que hablan a gritos por el móvil, o van con la música a todo volumen por la calle.

Sin embargo, si empezamos a discriminar a la gente por todo aquello que nos molesta o incluso perjudica, como se hace con mi gremio de fumadores, la sociedad, simplemente, desaparecerá.

Aunque, como conclusión, lo mejor que puede hacer el Gobierno si quiere acabar con el tabaco es prohibirlo y que su consumo sea penado como cualquier droga ilegal.

Será divertido ver cómo el ministro Illa explica a los no fumadores que tendrán que pagar los casi 6.000 millones de euros anuales que ingresa el Estado por los impuestos sobre el tabaco.