El despotismo antidemocrático surgido en los gobiernos occidentales con la coartada de la pandemia, apunta a que nuestros gobernantes no van a escapar a la tentación de obligar a la gente a vacunarse con esos sorprendentes remedios milagrosos contra el coronavirus que ahora parecen surgir en plan setas tras la lluvia: de forma tan espontánea como descontrolada.
Nuestro melifluo ministro de Sanidad, Salvador Illa, sacaba ayer su vena franquista al advertir de que no iban a tolerar la más mínima duda sobre la necesidad de vacunarse y sobre las bondades de esas pócimas obtenidas en nueve meses cuando los mismos científicos reconocen que el proceso normal dura casi una década.
Al igual que en el medievo, estamos en un nuevo momento histórico de verdad absoluta e indiscutible: la vacuna es buena, sí o sí, y cualquier duda al respecto expresada públicamente es herejía y producirá el automático acto de represión publica que ahogue la disensión.
Es posible que algunos lectores consideren, a día de hoy, exagerada esa interpretación. Esperen al día de mañana y me lo cuentan.
Lo cierto es que las vacunas arrojan numerosas dudas que comienzan, tanto por la precipitación del proceso como por la carrera que, obviamente, existe entre las farmacéuticas para lograr ese remedio que enriquecerá a sus fabricantes en cifras insospechadas. El hecho de que los consejeros delegados de varias de esas empresas hayan utilizado información privilegiada para dar un pelotazo con la venta de sus paquetes de acciones apunta a que, de nuevo, esto va más de dinero que de salud.
La insistencia, casi amenazante, de nuestros gobiernos para que aceptemos la eficacia de estas vacunas como un acto de fe, revela también el miedo que parecen tener ante la posibilidad de que el pueblo, la gente, le vea los hilos a las marionetas.
En realidad, y es otro de esos temas que no se pueden tratar y sobre los que no se puede opinar, no es que los ciudadanos no confiemos en las vacunas, que no confiamos; antes de eso, en quienes no confiamos es en nuestros propios gobernantes.
El ministro que ahora pretende imponernos la vacunación era el mismo que desaconsejaba las mascarillas hace unos meses, el mismo que abría la movilidad a toda prisa para aprovechar el verano a pesar de que, hasta los que no tenemos ni idea sobre pandemias, considerábamos que íbamos demasiado deprisa.
Que somos, por cierto, los mismos que sabemos que los “allegados” de esta Navidad serán los portadores de la tercera oleada de contagios. Y también somos los mismos que sabíamos que no había armas de destrucción masiva en Irak cuando la invasión en 2003. Si el Gobierno nos mintió entonces, ¿por qué no puede volver a hacerlo?
Con esas prisas por hacerle ganar dinero a las grandes farmacéuticas, con gastos multimillonarios en comprar unas vacunas sin conocer siquiera el tiempo de inmunidad efectiva que producirán, como ha reconocido nuestro propio Gobierno, sin tener ni idea de si existirán efectos secundarios de mayor o menor gravedad dentro de “x” años, esto suena más a pelotazo financiero que a solución real.
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