Estaba claro que el PSOE no iba a permitir la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso para que aclarara el presunto caso de financiación ilegal tras la imputación judicial de varios dirigentes de Podemos por los tejemanejes con ese fondo que, teóricamente, debería haberse destinado a objetivos sociales.
La pretensión de PP y Ciudadanos de sentar al vicepresidente Iglesias en el “banquillo” político del Congreso fracasará, como han fracasado todos los intentos de que este país cuente con una ley clara y transparente de financiación de los partidos que es, por cierto, la madre de todos nuestros males.
Esta iniciativa parlamentaria de la oposición era necesaria pero incompleta.
La financiación de todos los partidos debería pasar, no por una comisión de políticos, sino de técnicos independientes que revisaran anualmente cada ejercicio económico para que, por primera vez desde que nació la democracia española, los ciudadanos tengamos claro de dónde y de quién procede cada euro que se gasta cualquier partido político.
Los partidos, todos, juegan sucio a este juego, porque la base del actual sistema oligárquico y endogámico de poder en España está, precisamente, en la financiación de los partidos.
Nuestro principal problema no es el paro, la desigualdad e injusticia económica y social, la pobreza, ni tan siquiera el coronavirus. Nuestro principal problema ha sido siempre la corrupción política, que es la que provoca, propicia y permite todos los demás obstáculos que impiden alcanzar un auténtico Estado de Derecho que vaya más allá de las memeces de las declaraciones formales.
No es cierto que existan organismos auditores independientes que controlen las finanzas de estas organizaciones políticas. Por el contrario, son esos mismos partidos, los que deberían ser auditados con objetividad y rigor, los que eligen a los auditores; y son esos mismos partidos los que se han preocupado de colocar a sus auditores un corsé legal tan estrecho que hace imposible su labor.
Mientras el poder económico privado tenga más peso que el político, la financiación de los partidos seguirá estando en el origen de esta corrupción que es ya estructural en nuestro sistema político.
En un país donde las llamadas “puertas giratorias” son una forma lícita de que las grandes empresas trafiquen con influencias políticas y paguen favores a ex alto cargos, preocuparse por si los de Podemos trincan de su propio fondo social es como procesar al rey emérito por conducir sin la itv al día.
Infórmense de los nombres de los miembros de los consejos de administración y dirección de las más importante empresas del Ibex35, y el de sus llamados consejeros “independientes”. Verán con claridad lo urgente que es que todos los partidos se sometan a un control real y objetivo de sus cuentas, no solo Podemos.
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