Ver a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox cerrar filas para proteger al rey emérito Juan Carlos, votando en bloque contra la propuesta de Podemos de sentar al monarca bis ante una comisión parlamentaria de investigación, indica con bastante claridad que el principal problema de la política en España es la corrupción.
Es cierto que los podemitas solo querían esa comisión para montar su show y someter a don Juan Carlos al escarnio público, condenándole ante la sociedad sin tener que situarle ante una Justicia que apuntaba claramente a exculparle amparándose en su inviolabilidad.
De hecho, las comisiones parlamentarias de investigación son una chorrada de las que nunca sale nada en claro, salvo la bronca entre partidos para desgastarse unos a otros y, por supuesto, los gastos y demás emolumentos con los que siguen engordando los nuevos señores feudales que se sientan en ambas Cámaras.
No obstante, el amplísimo acuerdo alcanzado entre los principales partidos políticos sobre este tema, incluyendo la sorprendente coincidencia del voto socialista con el de Vox, la demoníaca “extrema derecha” tan a menudo exorcizada por Pedro Sánchez, ante un caso de corrupción tan flagrante como el ultimo que salpica al rey emérito -de los anteriores ni se habla-, sencillamente, asusta.
Si tantos políticos de tantos signos diferentes prefieren sumar sus fuerzas, a pesar de las contradicciones que implica y del mensaje que están trasmitiendo al ciudadano, para evitar que se abra esa Caja de Pandora que es la corrupción política e institucional en España, es obviamente porque todos ellos temen que, una vez abierta, resulte imposible cerrarla y salga a la luz más de lo deseado.
Los podemitas, que son más extremistas que Santiago Abascal, anhelan hacer el papel de Inquisición, sometiendo a los por ellos señalados a sus autos de fe. Los radicales, sean del signo que sean, han estado históricamente iluminados por la posesión de la verdad y del infalible sentido de lo que es correcto. De ahí que, también históricamente, las brujas los hayan tenido chungo desde que aparecieran los primeros podemitas, que por entonces actuaban condicionados por la religión y no por la política.
Sin embargo, no deja de resultar preocupante que la oligarquía política acepte sin más que la Jefatura del Estado pueda perpetuar la corrupción hasta convertirla en endémica, en parte inevitable de su naturaleza. Lo que, también inevitablemente, ha conducido a que el virus se haya extendido por el resto de la estructura pública.
Aun para aquellos que acepten que evitar el daño a la figura de la monarquía es menos malo que hacer lo contrario, esta es sin duda la mejor oportunidad para reformar el marco jurídico que sobreprotege a los monarcas españoles hasta el punto de llegar a facilitarles la comisión de delitos.
Acabar con la inviolabilidad del art. 56.3 de la Constitución o, al menos, restringirla sometiéndola a un control parlamentario efectivo y real, haría mucho por la deteriorada imagen de la misma Monarquía.
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