A estas alturas de la película, la Fiscalía del Tribunal Supremo quiere un papel como estrella invitada y anuncia que investigará al rey emérito - a saber qué es eso- Juan Carlos por fraude y blanqueo de capitales por el chanchullo del AVE a La Meca donde, según la investigación, nuestro emérito trincó 100 millones de dólares que ocultó en Suiza.
Siempre me ha fascinado la capacidad que tenemos en España para fingir sorpresa, indignación e incluso desesperanza cuando lo que todos sabemos desde siempre y nadie quiere ver, aparece en la superficie. Al igual que las heces, la corrupción casi siempre termina flotando.
Lo de las mordidas reales, las comisiones por labores de “mediación”, los testaferros y los negocietes a base de tráfico de influencias y de aprovecharse del cargo, a pesar de que pretendamos fingir sorpresa, han sido consustanciales a la España democrática, al menos, desde el primer Gobierno de Felipe González, que fue cuando el socialismo español acuñó el concepto de “filosofía del pelotazo”. Concepto que, a decir verdad, luego fue desarrollado en toda su amplitud por los sucesivos ejecutivos de ambos signos. Los numerosos casos de corrupción de los que conocen los tribunales, más todos aquellos que no conocen, son buena prueba de ello.
No he sido monárquico en mi vida y no guardo un ápice de nada hacia la institución y, aún menos, hacia la figura de Juan Carlos, pero tengo muy claro que a muy pocos ha sorprendido lo de los 100 millones de dólares.
La mayoría de los que tenemos cierta edad en este gremio de los medios de comunicación no hemos olvidado que, hasta hace relativamente poco, la figura de los reyes era informativamente intocable. Al menos en lo que se refiere a las críticas o a la posibilidad de hacer pública cualquier información que pudiera perjudicar la imagen de un miembro de la familia real.
Hasta poco antes del cómico suceso de la cacería del elefante, el periodismo español solo podía rendir pleitesía sin importar las fechorías de las que tuviera conocimiento.
Pretender ahora hacernos los sorprendidos sería ridículo, a pesar de que aún no sé quién o qué levantó la veda a la monarquía.
En realidad, lo único que demuestra el que la fiscal general del PSOE, Dolores Delgado, haya anunciado a bombo y platillo lo de la investigación para tener contento al vicepresidente Pablo Iglesias y demás podemitas, es que la corrupción en las principales instituciones del Estado es estructural desde hace ya bastantes años.
No obstante, repele al concepto de justicia el dar patente de corso a alguien durante toda su vida para luego comenzar su acoso y derribo cuando está en la recta final de su vida, carece de relevancia institucional y es, por tanto, vulnerable.
Para que la fiscal general del Estado se acercara a ese ideal de justicia tendría que meterle fuego a Roma y luego reconstruir sobre las cenizas.
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