Aunque estaba cantada la nueva subida de tipos ayer en un cuarto de punto por parte del Banco Central Europeo (BCE), siguen sin entenderse las diferentes, y enfrentadas, políticas económicas públicas para luchar contra la inflación.
Mientras Christine Lagarde cumple el tradicional papel de los presidentes del BCE consistente en castigar al ciudadano medio europeo por no ser rico y favorecer una mayor concentración de la renta en menos manos, la Unión Europea suelta dinero a mansalva a los Estados miembros para invertir en megaproyectos, algunos de ellos bastante peregrinos, incentivando con esa inyección de capital que la inflación no baje.
A ese cúmulo de contradicciones en las estrategias para hacer frente a la inflación, hay que sumar el que las decisiones económicas en nuestro país vienen marcadas por la cita electoral del próximo día 28. Si la señora Lagarde demoniza al europeo medio por el pecado de consumir en exceso y le fustiga con su látigo de los tipos de interés, nuestro presidente del Gobierno, consciente de que no son muchos los que le van a votar por devoción, prefiere comprar los sufragios poniendo más dinero público en la calle a golpe de subvenciones, ayudas, subidas de salario mínimo y pensiones en cantidades que, desde luego, no podemos pagar.
Obviamente, esta escalada ha producido automáticamente los tradicionales efectos de la llamada inflación de segunda ronda, que anula la eficacia de todas esas políticas que pretendían ayudar a los económicamente más débiles en los momentos difíciles.
La estrategias antiinflacionistas de la señora Lagarde, de Pedro Sánchez y de la Comisión Europea solo tienen una cosa en común, como bien saben todos ellos: enriquecen a los más ricos en la misma medida en que empobrecen a los más pobres.
Basta con ver los beneficios que sigue presentando la banca para saber quiénes son los beneficiados por las subidas de tipos mientras el precio del dinero, y el de las hipotecas, se dispara para el ciudadano medio.
Los impuestos sobre los inmorales beneficios de algunas grandes empresas con los que el Gobierno español asegura haber obligado a esas corporaciones a ser solidarias, han sido repercutidos a los clientes incluso antes de que empezaran a pagarlos, encareciendo aún más productos y servicios esenciales; lo que también contribuye a que la inflación continúe machacando el poder adquisitivo del ciudadano medio. De hecho, cuanto más sube el Salario Mínimo, más se empobrecen los más pobres.
Lagarde, Sánchez y Von der Leyen son simples trileros porque sabían que lo que está pasando iba a pasar. Esta inflación no es de consumo, es de costes y, al igual que pasó con la anterior crisis, se está volviendo a cargar la factura sobre los hombros de los económicamente más vulnerables, mientras que los auténticos responsables de esta situación continúan sumando beneficios.
Los que hoy están ganado dinero a manos llenas son los auténticos responsables de este nuevo fraude que va a volver a pagar, principalmente, esa inmensa mayoría de europeos con trabajos de mierda y nóminas de mierda.
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