Consumo lleva desde mayo realizando una campaña de inspección de productos y servicios comercializados por la web

Los servicios provinciales de Consumo realizan 240 actuaciones de inspección en páginas de internet para proteger a los usuarios.

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía desarrolla desde el mes de mayo hasta final de diciembre de 2026 una campaña de inspección del cumplimiento de los requisitos legales en la información de contratación a distancia a través de la web. Los servicios provinciales realizarán 240 inspecciones de webs para proteger a usuarios y consumidores.

Las inspecciones abarcan distintos aspectos relacionados con la información que las empresas deben facilitar a sus clientes antes de formalizar una compra. Entre ellos, se comprueba que se identifique correctamente al empresario, se indique la dirección del establecimiento y se faciliten los datos de contacto telefónico y electrónico. También se revisa la información sobre las características y condiciones de las ofertas, los precios, los gastos de envío, los procedimientos de pago y las fechas y condiciones de entrega.

Asimismo, se verifica que se informe adecuadamente sobre el derecho de desistimiento, las condiciones generales de contratación y los procedimientos para presentar quejas y reclamaciones, así como que se respeten las normas relativas a las prácticas comerciales desleales.

Las inspecciones incluyen la comprobación del cumplimiento de las obligaciones específicas de los mercados en línea, es decir, las plataformas digitales que permiten celebrar contratos a distancia con otros comerciantes.

En el marco de la campaña de inspección de comercio electrónico de 2025, se realizaron en Andalucía 215 actuaciones inspectoras en 211 páginas web comerciales. En total, se tramitaron 208 expedientes de inspección, de los cuales en 138 se detectaron incumplimientos, lo que supone el 66,35% de los expedientes.

Entre los principales incumplimientos detectados, destacan la falta de información sobre el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del empresario, así como la ausencia de un recordatorio sobre la existencia de la garantía legal de conformidad de los bienes. También se detectó que no siempre estaba disponible la información alimentaria obligatoria antes de realizar la compra.

Asimismo, en algunas páginas web no se informaba sobre el derecho de desistimiento, cuando corresponde, ni sobre las condiciones, los plazos y los procedimientos para ejercerlo. En otros casos, no se proporcionaba un modelo de formulario de desistimiento, no se informaba de los supuestos en los que no procede este derecho o no se indicaban los gastos de devolución de los artículos.

Por último, se detectó la inclusión, en las condiciones generales de contratación, de cláusulas que impedían ejercer el derecho de desistimiento cuando no se devolvía el embalaje original.