A pesar de la situación que vive el país, el ministro de Justicia tiene como prioridad que la familia Franco entregue el Pazo de Meirás

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado la solicitud por parte de la Administración del Estado de la ejecución provisional de la sentencia del Pazo de Meirás, que ordena la devolución por parte de la familia Franco de este bien inmueble a la Administración del Estado.

Como si no existiera otro problema a nivel nacional y a pesar de la ya tradicional indolencia del Ministerio de Justicia desde que Juan Carlos Campo se puso al frente, el ministro ha añadido que los abogados del Estado están trabajando en la impugnación del recurso de apelación de la familia Franco.

Paradójicamente y a pesar de la extrema gravedad de la situación nacional, el ministro de Justicia se ha reunido con la abogada general del Estado, Consuelo Castro, el jefe de la Abogacía del Estado en Galicia, Javier Suárez, la abogada del Estado, Adela Álvarez, y el delegado de Gobierno de Galicia, Javier Losada, a quienes ha agradecido "la magnífica investigación llevada a cabo en este caso".

Tras el encuentro, ha anunciado que lo que se pretende es que la familia Franco devuelva el Pazo de Meirás y que sea el Estado el que tenga la gestión y no la Fundación Francisco Franco. "Es una reclamación de la ciudadanía, las instituciones y administraciones", a juicio del ministro.

Por ello, ha asegurado el ministro, se van a iniciar todos los trámites para solicitar la devolución: "Es una deuda histórica y sirve para fomentar la reconciliación desde el recuerdo y no desde el olvido".

La ejecución de la sentencia 137/2020 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña consiste en la entrega del inmueble a la Administración del Estado que, desde ese momento, asumirá los derechos y obligaciones inherentes a su condición de poseedor.

Según el ministro, este Gobierno ha demostrado su compromiso con la memoria democrática y, en este sentido, la recuperación de este inmueble es otro gran paso en la recuperación de la memoria histórica de los españoles. Si bien, no parece que la devolución del pazo vaya a alterar la gravísima situación que está pasando el país con la pandemia ni los numerosos casos judiciales que, afectando a políticos de todo signo, incluyendo a miembros del Gobierno, sigue sustanciándose sin que el Ministerio de Justicia parezca, en estos casos, tener tanta prisa.