"Ruido de sables" en el Poder Judicial por la decisión de Gobierno de impedir la asistencia del rey al acto de Barcelona

El Poder Judicial ha puesto esta mañana de manifiesto ante el ministro de Justicia su malestar por el hecho de que el Gobierno haya impedido al rey Felipe asistir en Barcelona a la entrega de despachos a los nuevos jueces, al parecer en un nuevo intento de Pedro Sánchez de no "molestar" al catalanismo secesionista que es su socio de gobierno.

Los 62 jueces -29 hombres y 33 mujeres- que integran la sexagésimo novena promoción de la Escuela Judicial han recibido sus despachos hoy viernes  en un acto presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que se ha celebrado en la sede la Escuela Judicial, en Barcelona y que sin duda ha estado marcado por el manifiesto malestar que ha provocado la decisión unilateral del Gobierno de impedir que el rey Felipe VI presidiera, como es tradición, este acto.

En presencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Lesmes ha recordado al Ejecutivo que el artículo 117 de la Constitución en su apartado 1 establece que "la justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del rey".

Por su parte, mientras el presidente Pedro Sánchez sigue de viaje en Europa, la vicepresidenta Carmen Calvo tampoco ha aclarado esta mañana durante un acto celebrado en Sevilla qué motivo ha justificado que el Gobierno haya impedido la asistencia de don Felipe a este acto, cuando ya había sido confirmada.

La LXIX promoción de jueces

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, y según los datos de la encuesta que cumplimentaron al acceder a la Escuela, Andalucía es una vez más la Comunidad Autónoma que más jueces aporta (11). Le siguen Madrid (9), Aragón (7), Cataluña (6), Comunidad Valenciana (5), Castilla y León (4), Murcia (4), Galicia (3) y Baleares (3). Con dos residentes cada una, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, y con uno, Canarias y Navarra.   

La media de edad de los alumnos de esta promoción al ingresar en la Escuela Judicial en 2018 era de 28 años, aunque los dos más jóvenes tenían 23 años y el más veterano, 35. Cuando llegaron a la Escuela, habían dedicado una media de 4 años y 7 meses a preparar las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial, que la mayoría –el 58,06 por ciento- había decidido afrontar durante su estancia en la Universidad como estudiantes de Derecho. Un 30,65 por ciento de los jueces en prácticas lo decidió antes de empezar sus estudios universitarios.

El 98,39 por ciento de los nuevos jueces contó con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, y solo el 3,23 por ciento disfrutó de una beca. 

Sin relación familiar con el sector jurídico 

La encuesta realizada a los nuevos jueces al comenzar el curso en la Escuela Judicial refleja que el 62,90 por ciento no tiene en su familia a nadie que ejerza una profesión en el sector jurídico. En los casos en los que sí existe esa relación, solo cinco alumnos tenían como familiar a un juez. 

La función del juez como garante de los derechos fundamentales y la afición por el Derecho (74 por ciento en cada caso), la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional (71 por ciento), la contribución al servicio público de la Administración de Justicia (61 por ciento) o la posibilidad de luchar contra la delincuencia (45 por ciento) son algunos de los motivos esgrimidos por los miembros de la 69 promoción para ingresar en la Carrera Judicial. 

El área penal, la preferida para ejercer en el futuro 

En la citada encuesta, el área penal fue señalada como la preferida para ejercer en el futuro por el 27,38 por ciento de los miembros de la promoción, seguida por la civil (19,05 por ciento) y la de familia (13,69 por ciento).

La jurisdicción de menores fue citada como preferencia de futuro por el 10,71 por ciento de los alumnos, por delante de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (8,33 por ciento), los de Contencioso-Administrativo (7,74 por ciento) y los de Mercantil (6,55 por ciento). Un 3,57 por ciento de los miembros de la promoción expresaron su preferencia por los juzgados de lo Social y un 2,98 por ciento, por los de Vigilancia Penitenciaria. 

Número uno de la promoción 

En el acto de entrega de despachos que tendrá lugar mañana intervendrán el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez; y la número uno de la promoción: Cristina Menéndez, de 27 años, nacida en Pamplona y residente en Zaragoza. Hija de un periodista y una fiscal, procede de una familia de larga tradición jurídica: su abuelo fue fiscal jefe de Navarra y sus tíos son jueces en Cataluña. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, empleó dos años y medio en aprobar la oposición. 

La número uno de la promoción LXIX ha realizado la fase de prácticas en Madrid y la de sustitución en Gernika (Bizkaia). Su primer destino será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 

56 jueces tendrán como primer destino Cataluña 

Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irá destinada la mayoría de los miembros de la promoción, pues contará con un total de 56 nuevos jueces. Los seis restantes irán destinados a órganos judiciales de Baleares, Canarias y Extremadura. 

De los 62 miembros de la nueva promoción, 59 comenzarán a ejercer la jurisdicción como titulares de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y sólo tres quedarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona. 

La oferta de plazas a los nuevos jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial, dentro del ámbito de la potestad organizativa que le atribuye la LOPJ con el fin de preservar la prestación del servicio público de la justicia y de cubrir las necesidades concretas de cada territorio. De este modo, el CGPJ determina qué juzgados vacantes deben ofrecerse a los jueces de nuevo ingreso en la Carrera Judicial.