El Gobierno pretende que sean las autonomías las que limiten derechos fundamentales a pesar de su inconstitucionalidad

La iniciativa del Gobierno anima a legislar "en caliente" con idea de desviar hacia las autonomías las decisiones que supongan cercenar derechos fundamentales tras las decisiones de los jueces que ponen límite a restricciones a derechos fundamentales. El planteamiento de la vicepresidenta y del ministro de Justicia suscita dudas sobre su constitucionalidad.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propone una modificación normativa al resto de los Grupos Parlamentarios con el objetivo de "mejorar la seguridad jurídica" de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas comunidades autónomas (CCAA). y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes de la pandemia, algo que es constitucionalmente más que cuestinable.

Consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos: 1) Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general. 2) Establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones. 3) Establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. 4) Incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos.

La iniciativa del Gobierno, asegura, persigue dotar de "la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común". Asimismo, pretende dotar a CCAA, y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio. Esta fórmula, no obstante, podría encubrir, como es´ta sucediendo, la posibilidad de que se limiten derechos fundamentales de los ciudadanos sin respetar las garantías constitucionales..

Esta propuesta normativa, que supone en realidad legislar en caliente para sortear el control de los tribunales en lo que se refiere a la tutela de los derechos básicos de la población, se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.