Pedro Sánchez firma con la FEMP el polémico acuerdo que parte en dos la España municipal

El acuerdo concede a los ayuntamientos 5.000 millones de euros a fondo perdido y les relaja algunas medidas de control del gasto aunque, a cambio, obliga a las arcas municipales a entregar al Gobierno de Pedro Sánchez 14.000 millones de sus remanentes para hacer frente a los gastos pospandemia. El Estado devolverá ese dinero a los ayuntamientos en un plazo de 10 años.

El Palacio de la Moncloa ha acogido el acto de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha contado con la presencia del presidente Pedro Sánchez, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero y Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El texto, aprobado en la jornada de ayer por la Junta de Gobierno de la FEMP, incluye un amplio conjunto de medidas que, a juicio del Gobierno, fortalecen la autonomía local de los ayuntamientos y les permite contar con un papel muy relevante en la estrategia de reconstrucción. No obstante, los ayuntamientos que no están gobernados por los socialistas han calificado directamente el acuerdo de "robo" a las administraciones locales por parte del Gobierno central.

Con este acuerdo, el Gobierno moviliza un fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería, que podrán destinar a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. La dotación total del fondo se articulará a lo largo del presente y el próximo ejercicio, atendiendo así a la petición de la FEMP de contar con un plazo suficiente de ejecución.

En la FEMP ha sido necesario el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero, para desempatar la votación.

De forma complementaria, el acuerdo incluye otras medidas de alivio de las arcas municipales, tales como la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para el ejercicio 2020, la prórroga del periodo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, la dotación de un fondo para compensar el déficit en el transporte público o medidas específicas para dotar de liquidez a los ayuntamientos con mayores dificultades financieras a través de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes.

Este acuerdo ofrece continuidad a medidas ya adoptadas, como el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 para los ayuntamientos pese a la caída de recaudación y que este año han ascendido a 18.879 millones, o la aprobación, en el pasado mes de marzo, del instrumento que permite a los ayuntamientos destinar 300 millones de su superávit a financiar gastos de inversión en servicios sociales y prestaciones de atención primaria y atención a la dependencia.

El Gobierno considera que así reafirma, a través de este amplio conjunto de medidas, su decidida vocación municipalista, así como su intención de hacer de los ayuntamientos actores esenciales en la estrategia de recuperación social y económica.