Justicia asegura que avanza en la trasposición de la directiva para proteger a los informantes en casos de corrupción pública

El subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, ha presidido la reunión del Grupo de Trabajo constituido en el seno del Ministerio de Justicia para abordar la trasposición de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Esta norma de rango europeo, conocida como la directiva whistleblowers (denunciantes), persigue buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción.

El legislativo europeo pretende proteger de manera especial a las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales y que son, a menudo, las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público.