Marinas de Andalucía apoya la modificación de la Ley de Puertos propuesta por el Gobierno andaluz

El nuevo presidente de la asociación, Manuel Jiménez ha comparecido en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz. El colectivo que agrupa a los concesionarios privados de los puertos deportivos andaluces solicita algunas modificaciones al texto de la ley.

El presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Jiménez, ha comparecido en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, donde se debatía la proposición de ley de texto normativo por el que se adoptan medidas en materia de plazos concesionales y se modifica la Ley 21/2007 de 18  de Régimen jurídico y económico de los Puertos de Andalucía, que se está tramitando actualmente ante esta Comisión.

Jiménez en su intervención, la primera que realiza en calidad de presidente de Marinas de Andalucía, ha aplaudido la tramitación de esta ley que vendrá a “otorgar la necesaria seguridad jurídica que los puertos deportivos andaluces necesitan y permitirá prórrogas en las concesiones, con lo que se podrán realizar nuevas inversiones”.

El presidente de Marinas de Andalucía ha matizado, no obstante, algunos aspectos sobre el texto propuesto por el gobierno andaluz. En este sentido, los puertos deportivos representados están de acuerdo con el hecho de que los títulos administrativos y las condiciones concesionales de los puertos deportivos se encuentran en vigor. Asimismo, Jiménez también ha manifestado la necesidad de redactar de forma más clara algunos artículos para eliminar cualquier posible interpretación, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de un canon determinado o del valor de tasación de los puertos deportivos, hecho que será necesario para acometer futuras inversiones.

Manuel Jiménez ha cerrado su intervención indicando ante la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz la necesidad de que se apruebe la modificación de la normativa sectorial a la mayor brevedad, al objeto de no demorar la presente situación de inseguridad jurídica que afecta tanto a la Administración como a los Administrados y considerando que el texto que se propone para su aprobación supone una solución a la situación de incertidumbre generada en los últimos años en torno al sector portuario andaluz como consecuencia del denominado efecto 2018, defendido por la administración andaluza.