La Junta requiere al Centro Extranjero Marbella Internacional que regule su actual situación administrativa

El consejero José Carlos Gómez Villamandos lamenta que la situación irregular de esta institución se mantuvo por “una clara dejación de funciones de los gobiernos socialistas” al no llevar a cabo las facultades de inspección.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha enviado al Centro Extranjero Marbella International ‘Studies Center’ un requerimiento formal de apremio con el fin de que regule la situación administrativa actual de esta entidad.

Así lo ha avanzado el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante su intervención en Comisión Parlamentaria, donde ha puesto de relieve que la situación en la que se encuentra esta institución docente es fruto de “la dejación de funciones” de los gobiernos socialistas.

Esta institución comenzó en 2014 impartiendo enseñanzas extranjeras de carácter universitario conforme a los títulos expedidos por la Universidad Singidunum de Belgrado (Serbia) y, una vez concluida la relación con dicha entidad, actualmente desarrolla su oferta formativa en colaboración con la University of West London (Reino Unido).

La consejería tuvo conocimiento de esta modificación a finales de 2023 en una reunión mantenida con los promotores del centro, en la que se les informó de que tenían que aportar toda la documentación pertinente para constatar que seguían cumpliendo con los requisitos necesarios para continuar con su actividad. Tras este primer paso, la Consejería de Universidad ha requerido al centro de estudios marbellí que entregue, en el plazo de diez días, el nuevo convenio suscrito con dicha universidad inglesa, o bien que aporte la información necesaria que permita aclarar cuál es su actual estado administrativo.

Según ha denunciado Gómez Villamandos, el Centro Extranjero Marbella Internacional ‘Studies Center’ se encuentra impartiendo clases desde 2014, a pesar de que la Junta de Andalucía no le autorizó el inicio de actividad hasta noviembre de 2021, una vez comprobado que cumplía todos los requisitos legales en vigor.

“Esta irregularidad se mantuvo por una clara dejación de funciones de los gobiernos socialistas al no llevar a cabo las facultades de inspección previstas en el artículo 18 de la Ley Andaluza de Universidades (LAU)”, ha lamentado, para añadir que desde su departamento “se está trabajando para resolver la situación”.

Asimismo, el consejero de Universidad ha explicado que, desde 2014 hasta la aprobación de su actividad en noviembre de 2021, se produjo “un cúmulo de informes desfavorables” de la entonces Agencia Andaluza del Conocimiento que culminó con una resolución estimatoria en septiembre de 2020 del recurso de alzada presentado por la entidad. Esa decisión estimatoria, tal y como ha expuesto el titular de Universidad, se tomó por “un defecto de forma”, concediendo así finalmente la autorización al centro para impartir las enseñanzas correspondientes a títulos extranjeros con arreglo al sistema educativo vigente en la República Serbia. Al respecto, Gómez Villamandos ha remarcado que, “en los años 2016 y 2017, la documentación que desde la Junta de Andalucía se envió a la Agencia para hacer los pertinentes informes estaba incompleta, dando como resultado informes desestimatorios que le impidieron en su momento valorar el proyecto del centro de forma correcta”.

Nuevo cuerpo de inspectores

La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) que está elaborando la Junta recogerá la puesta en marcha del cuerpo de inspectores encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad en este ámbito, una medida recogida en el actual marco normativo autonómico pero no desarrollada hasta ahora. Se trata de una herramienta “imprescindible” para velar por la legalidad y evitar, además, que se vuelvan a repetir situaciones irregulares como ésta.

Este servicio de inspección se centrará en los proyectos educativos que surjan de la iniciativa privada, teniendo en cuenta que las instituciones académicas públicas cuentan con numerosos mecanismos de vigilancia, entre los que destacan el control de los Consejos Sociales, las auditorías externas o los propios informes de la Cámara de Cuentas.