Los legisladores franceses iban a votar ayer martes un proyecto de ley de reforma judicial radical que incluye una disposición que permite a los agentes del orden acceder de forma remota a las cámaras, micrófonos y servicios de localización de teléfonos y otros dispositivos conectados a Internet utilizados por algunos sospechosos de delitos.
La agencia de noticias Naharnet ha informado de que la ley propuesta estipula claramente que el procedimiento puede ejecutarse "sin el conocimiento o consentimiento de su propietario o poseedor", pero se limita a sospechosos involucrados en terrorismo, crimen organizado y otras actividades ilegales punibles con cinco o más años de prisión.
El lenguaje que autoriza el espionaje está contenido en un proyecto de ley de reforma más amplio destinado a "modernizar" los procedimientos penales, lo que refleja lo que las encuestas indican que es una demanda pública de más ley y orden.
"El objetivo de esta ley es claro: una justicia más rápida, clara y moderna", dijo el ministro de Justicia francés, Eric Dupond-Moretti, cuando presentó la legislación en la primavera.
Los partidos de izquierda generalmente se oponen a la disposición de vigilancia, pero el partido centrista del presidente Emmanuel Macron puede potencialmente reunir al partido conservador, Los Republicanos, en la cámara baja del Parlamento francés para aprobar el proyecto de ley. El Senado, que controla la derecha opositora, aprobó la legislación en mayo.
El ministro de Justicia propuso la búsqueda de sospechosos con alta tecnología como una alternativa a las prácticas de vigilancia policial tradicionales, como las escuchas telefónicas en el vehículo y la casa de un sospechoso, que consideró que ya no son viables y cada vez más peligrosas para los investigadores.
"La técnica actual es defectuosa", dijo Dupond-Moretti a los legisladores de la Cámara Baja, la Asamblea Nacional, este mes. "¿Por qué nos privaríamos de las nuevas tecnologías?" Cuando algunos parlamentarios expresaron su preocupación por los derechos de privacidad, el ministro respondió: "Al gritar lobo, ya no eres creíble".
Medidas de "seguridad" para evitar abusos
Además de limitar el uso de espionaje de alta tecnología sobre sospechosos a delitos punibles con al menos cinco años de prisión, la legislación contiene otros controles. El objetivo de pinchar un dispositivo conectado debe ser localizar a alguien en tiempo real, y el juez de instrucción de un caso debe dar luz verde. Además de activar los servicios de ubicación, la medida también permitiría a los investigadores activar la cámara y el micrófono del teléfono de un sospechoso, continúa informando Naharnet.
Los críticos afirman que la disposición conduciría inevitablemente a abusos de poder por parte de la policía francesa, que en el pasado se ha enfrentado a acusaciones de abuso de autoridad, brutalidad y racismo.
“Ya vemos que hoy en día hay muchos abusos en Francia”, dijo Bastien Le Querrec, abogado del grupo francés de derechos digitales La Quadrature du Net. "En realidad, ¿quién decide sobre la gravedad de un hecho en una investigación? Es la policía, los fiscales, el juez de instrucción. Nada en este proyecto de ley evitará abusos".
En abril, los legisladores franceses aprobaron una ley para permitir el uso de inteligencia artificial y drones en videovigilancia masiva durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de 2024 en París.
Los ataques terroristas en Francia durante la última década y los recientes disturbios provocados por el asesinato policial de Nahel Merzouk, de 17 años, en un suburbio de París el mes pasado, han convertido la seguridad en un enfoque del gobierno mientras el país se prepara para recibir atletas y visitantes de todo el mundo el próximo año.
Posibles excesos del gobierno
La violencia también estalló este año durante numerosas manifestaciones en protesta por la decisión de Macron de elevar la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años. Pero los defensores de los derechos temen que el gobierno esté aprovechando las preocupaciones de seguridad que muchas personas consideran razonables para aplicar medidas draconianas.
“El uso de tecnologías de vigilancia no puede ser la respuesta sistemática a los problemas de seguridad”, dijo en una entrevista Katia Roux, responsable de defensa de Amnistía Internacional Francia. “El impacto sobre los derechos humanos de estas tecnologías debe tenerse en cuenta antes de cualquier normalización de su uso. Bajo la apariencia de objetivos legítimos que están vinculados a la seguridad, estas tecnologías también promueven violaciones de los derechos humanos, los derechos a la privacidad y la libertad de expresión".
Según el proyecto de ley, la vigilancia policial a través del teléfono de un sospechoso y otros dispositivos conectados podría durar hasta seis meses a la vez. Ciertos profesionales, incluidos periodistas, abogados y miembros del parlamento, estarían exentos.
"Lamentablemente, una vez más, Francia es líder en una estrategia de seguridad en la que abordamos la seguridad vigilando a todo el mundo", dijo el abogado Le Querrec. "Plantea interrogantes sobre el estado de la democracia y el estado de las instituciones francesas".
