La delegada de Justicia inaugura unas jornadas con jueces, fiscales, LAJ y mediadores para dar a conocer las ventajas de los medios alternativos de solución de conflictos.
La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, ha inaugurado esta semana unas jornadas sobre ‘El papel de los servicios de mediación en la nueva estructura judicial en Málaga’ en las que participan jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y profesionales del Punto de Información a la Mediación (PIMA) y el Servicio de Mediación Penal (SEMPA) en la capital creados por la Junta para impulsar este medio alternativo de solución de conflictos (MASC). El SEMPA, público y gratuito, se puso en marcha en Málaga en septiembre de 2024 y desde entonces ya ha evitado 219 juicios, la mayoría por delitos leves de amenazas y lesiones, al propiciar acuerdos entre las partes.
Estas jornadas se enmarcan en las actividades organizadas por la Consejería de Justicia por el Día Europeo de la Mediación, que se celebra el 21 de enero, y estaban previstas para el jueves pasado, pero fueron retrasadas por el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Durante la inauguración, en la que también ha participado la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García, la delegada de Justicia ha destacado la apuesta de la Junta por impulsar el diálogo y el acuerdo frente al exceso de litigiosidad “no solo para aliviar la sobrecarga de los tribunales sino porque cuando las partes llegan a un consenso en vez de ir a juicio, la solución resulta más satisfactoria para ambas porque parte de ellos, no es un tercero el que decide”.
Teresa Pardo ha puesto en valor que “Andalucía es un referente en mediación ya que viene trabajando desde que en 2021 se crearon los PIMA, que en Málaga prestan servicio tanto en la capital como en Marbella, y sobre todo en esta legislatura, con medidas y servicios pioneros con los que nos adelantamos a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025 que incorpora los MASC”.
Así, ha recordado que en enero de 2024 fue la primera comunidad que incluyó la mediación en la Justicia Gratuita, de forma que los ciudadanos con derecho a un profesional de oficio pueden solicitarlo para que les asesore en procesos de mediación y los letrados que logran cerrar un acuerdo reciben 400 euros. La Ley de Eficiencia exige desde abril de 2025 intentar un consenso a través de algún MASC antes de interponer una demanda civil o mercantil, por lo que desde entonces también compensa a los abogados de oficio con entre 25 y 75 euros, aunque no logren un acuerdo.
También en 2024 se creó el SEMPA, que se puso en marcha en mayo en cinco provincias y en septiembre en el resto, entre ellas en Málaga. Desde entonces, en toda Andalucía los profesionales de este servicio público y gratuito han logrado más de 3.200 acuerdos. En la provincia de Málaga, los juzgados penales han derivado 709 asuntos, la mayoría por delitos leves de lesiones y amenazas. Actualmente se han tramitado 543. Las partes en conflicto aceptaron intentar la mediación en 277 y en 219 se ha logrado un acuerdo, además en un tiempo medio de un mes.
“La mediación ahorra tiempo y costes”, ha defendido Pardo, que ha anunciado que la Consejería ultima la creación de otro servicio público para la Mediación Civil y Mercantil (SEMCA). Para difundir esta vía en el ámbito empresarial, ya se han celebrado jornadas en todas las provincias en colaboración con el Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio a las que han asistido representantes de medio millar de empresas.
Para facilitar a la ciudadanía la búsqueda de profesionales especializados que les asistan en este tipo de procesos, la Junta ha creado un Registro Andaluz de Mediadores y Empresas de Mediación que se puede consultar en la web de la Consejería (https://lajunta.es/69g8y). La delegada de Justicia ha animado a abogados, procuradores, graduados sociales y otros colectivos profesionales a formarse en esta materia e inscribirse en el registro.
En este sentido, ha subrayado que, junto a los jueces, fiscales y demás operadores jurídicos, los profesionales del Derecho son aliados fundamentales para impulsar la cultural del diálogo y el acuerdo frente al pleito judicial. Por ello, la Consejería ha suscrito acuerdos con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para contar con mediadores profesionales en pleitos laborales y con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para realizar conciliaciones, que es otro medio alternativo de solución de conflictos en el que es el profesional quien propone la solución, a diferencia de la mediación donde las partes llegan a la solución guiados por el mediador.
